Se reduce en un 31% los liberados sindicales en la Administración

Valladolid- El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera sigue en su empeño de seguir mejorando las arcas autonómicas. En su reunión semanal, aprobó la reducción del 31 por ciento del número de liberados sindicales en la Administración regional, que pasarán de 950 a 658, lo que implica un ahorro de 13,6 millones de euros.
El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, recordó que la medida se acordó por unanimidad en la Mesa General del Empleado Público del pasado 23 de diciembre, y se hará efectiva mediante la modificación del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en la Administración de nuestra Comunidad.
Asimismo, explicó que el acuerdo incluye una cláusula de reversión ligado al crecimiento de la economía, que determina que sólo se retornará a la situación inicial si el Producto Interior Bruto (PIB) interanual de la Región supera el 2,5 por ciento durante dos trimestres consecutivos.
La nueva regulación entrará en vigor con carácter general el próximo 1 de marzo. La única salvedad es el sector educativo, donde será efectiva a partir del 1 de julio para acomodar su aplicación al curso escolar. En cuanto a su duración, está previsto que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2017.

Ley de Pesca
Por otra parte, De Santiago-Juárez anunció que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, informó a la Junta sobre la futura Ley de Pesca que tiene como objetivo garantizar el aprovechamiento sostenible de los ríos teniendo en cuenta el incremento del número de pescadores, e impulsar el valor social y económico de un recurso como la pesca que contribuye al desarrollo del medio rural.
En la actualidad, el número de deportistas con licencia en la Región se acerca a los 200.000; la red fluvial alcanza los 7.200 kilómetros, de los cuales una buena parte tiene la consideración de aguas trucheras, y existen además 147 cotos, 103 tramos libres sin muerte y 23 escenarios deportivos sociales de pesca.
El portavoz de la Junta señaló que los objetivos de la futura norma es garantizar el aprovechamiento sostenible, es decir, que bajo ningún concepto se sobreexplote el recurso natural y se cuide el valor de las especies y, por otra parte, que se ponga en valor socialmente y económicamente, un recurso tan valioso como la pesca, contribuyendo así al desarrollo de los pueblos.
De Santiago-Juárez indicó que la Ley pretende potenciar la pesca sin muerte como una herramienta para garantizar la conservación de las valiosas poblaciones de trucha autónoma. Para ello se reforzarán las Aulas del Río, dirigidas a formar a las próximas generaciones de pescadores en una forma respetuosa de relacionarse con nuestro patrimonio natural; se fomentara que nuestra Comunidad se consolide, cada vez más, como destino turístico de pesca tanto a nivel nacional como internacional.
En materia sanitaria, el Ejecutivo autonómico aprobó una inversión superior a los 1,8 millones para material de cirugía cardiaca para el Complejo Asistencial Universitario de León, hasta el mes de octubre de este año.
La realización de este tipo de compras permite que se agilicen los procesos de compra de cada centro sanitario, al disponer de un catálogo de productos y empresas suministradoras que permiten la contratación a demanda según necesidades y disponibilidad presupuestaria.
Además, el Consejo de Gobierno acordó con la Universidad de Salamanca, que el Centro Superior de Investigaciones Científicas se incorpore al Instituto de Investigación Biomédica de la capital salmantina.

‘Céntimo sanitario'
Por otra parte, y a pregunta de los periodistas, José Antonio de Santiago-Juárez afirmó que la Junta «no estima» que las arcas autonómicas dejen de ingresar 143 millones por la aplicación del ‘céntimo sanitario', a partir del 1 de marzo, como han denunciado las asociaciones de transportistas y estaciones de servicio.
En este sentido, el portavoz y consejero de la Presidencia explicó que tampoco se produjo un aumento de la venta en las estaciones de servicio de Castilla y León cuando comunidades autónomas vecinas, como la de Madrid, aplicaron hace unos años este gravamen.