Más de 1000 familias reclaman la escolarización en castellano

BARCELONA- Los expertos creen que la deriva independentista puede aumentar incluso el acoso al castellano en Cataluña. Esta actitud beligerante tiene dos pilares fundamentales, que son la política de inmersión lingüística en las escuelas, con únicamente dos horas de enseñanza de español, y las multas lingüísticas de la Generalitat, que permiten multar a cualquier comercio que no rotule en catalán.

El ámbito más polémico siempre ha sido el educativo. La Generalitat ha ignorado completamente hasta cinco sentencias del Tribunal Supremo (TS) y una del Tribunal Constitucional (TC) que fallaron a favor de poner fin a la citada inmersión lingüística. La respuesta, de cualquiera de los consejeros de Educación, ha sido siempre que la Generalitat ignora por completo estas sentencias, es decir, que el castellano sigue siendo tratado como un idioma extranjero en Cataluña.

No obstante, muchas familias no se conforman con esta situación. Los abogados de la entidad probilingüismo Convivencia Cívica de Cataluña (CCC) explicaron ayer a LA RAZÓN que en estos momentos hay unas 1.000 familias de alumnos catalanes que han pedido que sus hijos sean escolarizados en castellano. Todas las familias consultadas por este diario han denunciado siempre que la consejería de Educación especialmente ahora, en manos de Irene Rigau, de CiU, ha hecho caso omiso a cualquier queja. La respuesta de la Generalitat en estos casos siempre es la misma: se seguirá aplicando la política de inmersión lingüística, vigente desde 1983.

De estas 1.000 quejas de familias, hay algunas que aún están en la vía administrativa, lo que significa que han presentado una demanda formal a la Consejería de Educación. En la mayoría de estos casos, tras no obtener ninguna respuesta, se pasa a la vía judicial. Los abogados de CCC especificaron que una parte de estos padres sí han llegado ya al ámbito judicial, con diferentes recursos, y están a la espera de ver solucionada su situación. Respecto al acoso al castellano en los últimos años, el presidente de CCC, Francisco Caja, resumió para este diario que la política lingüística de la Generalitat «sigue vigente». «Ni Artur Mas ni Rigau acatan las sentencias, lo que es inadmisible en un Estado de Derecho. Es una situación de rebeldía, un hecho casi delictivo. Se creen que están por encima de la Ley». Según Caja, «la situación se ha agravado desde 2010, y se siguen vulnerando los derechos lingüísticos, por lo que si se confirman los augurios de cara a las elecciones del 25-N todo puede ir a peor». «Mas es un irresponsable», añadió. De momento, sigue vigente el Código de Consumo catalán, una ley que cada año multa a comercios que no rotulan en este idioma. Pese a las sentencias en contra de esta normativa, recientemente el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, dejó bien claro que el Ejecutivo catalán no cesará en su empeño de seguir con las multas.