Salarios

Cerco a las prebendas de Gómez: Dos avisos por ilegalidad

A la interventora del Ayuntamiento de Parla no se le pasaron por alto las pagas «extra» que el alcalde de Parla, José María Fraile, dio a 61 trabajadores municipales en julio y diciembre por un valor total de más de seiscientos mil euros.

Informes de la interventora municipal en los que advierte de que deberían anularse los privilegios a los funcionarios
Informes de la interventora municipal en los que advierte de que deberían anularse los privilegios a los funcionarioslarazon

Poco después de que el sucesor de Tomás Gómez autorizara la primera entrega, la interventora realizó un primer informe en el que advierte de que se debería suspender la paga y recuerda al alcalde que «una modificación de esas características, con gran repercusión presupuestaria, debería haber sido objeto del acuerdo del Pleno».

De hecho, señala que no consta acuerdo alguno sobre un ajuste de salarios ni un pago de retrasos, que ni siquiera se le ha informado de quiénes son los beneficiarios de la paga y que «no se indican los salarios de referencia a los que se van a equiparar o se han equiparado con esta retribución extraordinaria». Asimismo, la interventora recuerda en su informe de «reparo suspensivo» que según el Real Decreto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hacía sólo un mes, el dinero que se ahorren las administraciones públicas con la reducción de sueldos debe destinarse a sanear los remanentes de tesorería negativos de las arcas municipales, que en el caso de Parla ascendían a unos 72.000 euros negativos.

Fraile se remite entonces a un informe técnico de Relaciones Laborales del 24 de junio de 2010 en el que justifica los más de trescientos mil euros retirados de las arcas, asegurando que se han empleado en «abonar atrasos a empleados que no tenían un sueldo ajustado con el resto de trabajadores al salario base y complementos del puesto». Además, la Junta de Gobierno del pupilo de Gómez añade que «se da por enterada» del informe.

La interventora redactó un segundo informe, éste ya de «reparo de legalidad», en el que recuerda la advertencia realizada en la primera paga y que «no se estaba cumpliendo con la limitación» que imponía el Real Decreto de Zapatero. Vuelve a solicitar información sobre los pormenores y denuncia que «se está vulnerando la ley». Por último, añade que el convenio –con ilegalidades– que firmó Gómez en 2008 tampoco es excusa, dice que se debe paralizar el pago y devolver las cantidades abonadas y de lo contrario, asegura, «será bajo su responsabilidad».

Parla es la ciudad con más paro de la Comunidad y ha subido la contribución del IBI una media del 20 por ciento.