El PP acude al Constitucional para salvar el veto en Cataluña

El Partido Popular presentó ayer en el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad a la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, decisión tomada el pasado julio por el Parlamento catalán.

El PP recurre ante el TC la prohibición de toros en Cataluña
El PP recurre ante el TC la prohibición de toros en Cataluña

Así, a las 11 en punto de la mañana, Pío García-Escudero, portavoz del PP en el Senado, acompañado por Rosa Vindel, portavoz adjunta de la formación, entregó un texto «bien fundamentado» y con la plena convicción de que «saldrá adelante».

Para conseguir dicha admisión a trámite, se abre ahora un proceso que podría extenderse los próximos tres meses. Presentado en tiempo y forma, el recurso, que consta de 38 páginas y está firmado por 50 senadores del grupo popular, divide su defensa de la Fiesta Nacional desde tres vertientes: la cultural, la competencial y la empresarial.


Las competencias
«Pedimos que se declare nula la sentencia del Parlamento de Cataluña, ya que infringe varios artículos de la Constitución», anunció García-Escudero. En este sentido, desde el PP se considera que hay, al menos, una docena que incumple la norma catalana. En primer lugar, se entiende que entra en ámbitos competenciales que no le pertenecen, puesto que han recibido potestad para regular o reglamentar las corridas en cuanto a su práctica y desarrollo, no para llevar a cabo su prohibición, derecho reservado a la Administración General del Estado.

Asimismo, analizando culturalmente el veto del Parlamento catalán, el Partido Popular afirma que se vulneran hasta cinco artículos más de la Carta Magna (el 20, 27, 44, 46 y 149.1.1º) relacionados con la libertad de expresión y creación artística, así como la función de los poderes públicos de promover el acceso a la Cultura. Dando por sentado que los toros son una actividad cultural, tal y como recogen varios textos legales –Ley de Patrimonio, regulación de la Medalla de las Bellas Artes...– el recurso recoge múltiples sentencias del propio Constitucional que afirman que «corresponde al Estado la preservación del patrimonio cultural».

Como actividad empresarial integrada en el entramado económico español, el texto recuerda que es al Estado a quien corresponde la ordenación de la economía y la realización de una política nacional en la materia. Así, la decisión del Parlamento catalán afectaría a los artículos 38, 40, 128, 149.1.13º y 139.2 en su condición de actividad productora de bienes y servicios de mercado.

Finalmente, el recurso presentado en el Constitucional añade un cuarto núcleo de fricción por la incoherencia que supone proteger los «correbous». Y es que el PP resalta que a raíz del blindaje que sí se otorgó a los toros en las calles, «si Cataluña protege una actividad taurina, debe proteger también las corridas de toros». «La materia prima es la misma y el animal también sufre, así que se comete una tremenda hipocresía», lamentó García-Escudero.


En el Tribunal
Cuatro bazas para evitar la prohibición
- Competencial: Desde el PP se recalca que las facultades atribuidas a las autonomías permiten regular las leyes en materia taurina, pero nunca prohibir su celebración en la pertinente Comunidad.
- Cultural: La preservación del patrimonio cultural pertenece al Estado según recogen varias sentencias del propio Tribunal Constitucional. Se vulneran cinco artículos de la Carta Magna relacionados con la libertad de expresión y creación artística.
- Empresarial: Otros cinco apartados infringidos. En este caso, por la condición de la Fiesta de actividad empresarial que se incluye en el entramado económico de la nación.
- «Correbous»: Supone una incoherencia su protección frente al veto a las corridas.