Bruselas
Tiene arreglo el carbón por Pedro Mielgo
l ¿Por qué hay que cerrar las minas de carbón?
–El cierre, si se produce, será consecuencia de tres cosas: la falta de rentabilidad, la aplicación de decisiones de Bruselas, entre ellas el reglamento 1407/2002, que somete las ayudas de los Estados miembros al sector del carbón a severas limitaciones, y finalmente la política ambiental europea, que sitúa al carbón en desventaja frente a otras energías primarias.
l ¿Qué se ha hecho?
–En los últimos veinte años, la minería española del carbón ha recibido más de 23.000 millones de euros en ayudas directas (a las empresas, al transporte y almacenamiento de carbón, planes de prejubilaciones, desarrollo de las comarcas mineras, formación de los hijos de los mineros...) e indirectas. Es decir, en promedio, más de 1.000 millones anuales.
l ¿Tiene sentido cerrar las minas de carbón?
–Si hay minas rentables, podrán vivir en el mercado sin problemas. Las subvenciones que se han dado o se siguen dando a este y a otros sectores suponen un coste y una distorsión de precios y mercados que España no se puede permitir. Todas las subvenciones deben tener un final.
l ¿Es éste un caso único?
–En las décadas de los años 50 a 70, media España se despobló como consecuencia del éxodo de las zonas rurales a las urbanas, ya que el campo no ofrecía futuro a la población agraria. Aquello se aceptó como parte de un proceso de modernización inevitable. En los años 80, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea exigió el cierre de numerosas industrias. Hoy, la reestructuración del sector financiero implica una considerable reducción de empleo.
l ¿Qué se puede hacer?
–En primer lugar, aceptar los hechos, como se hizo en el pasado, y no empecinarse en soluciones inviables. La estrategia de conseguir el máximo posible hasta 2018 y luego ya veremos no conduce a nada. Los mineros podrán continuar trabajando o prejubilarse. Sus hijos, muy probablemente, no podrán trabajar en la mina. Asegurar un nivel mínimo de actividad minera en las explotaciones menos costosas y la formación de los hijos de los mineros son los puntos en los que se debería centrar el esfuerzo. Y, por supuesto, llevar a cabo auditorías que determinen cuál ha sido el destino real de esos 23.000 millones que han pagado todos los españoles.
Pedro Mielgo
Presidente Nereo Consultores y ex presidente de REE
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