Monago recortará de inmediato la mitad de los altos cargos

El Gobierno de Extremadura, el del popular José Antonio Monago, parece que tiene clara la fórmula para sacar adelante a la comunidad extremeña: recorte de altos cargos, supresión de los «privilegios» retributivos de los ex altos cargos de la Junta, las cláusulas indemnizatorias del personal directivo de las empresas públicas y una «contratación centralizada».

El Gobierno extremeño, en la imagen, reducirá su nómina de altos cargos
El Gobierno extremeño, en la imagen, reducirá su nómina de altos cargos

Así lo aseguró ayer la portavoz y vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Cristina Teniente, que anunció de forma «inmediata» un recorte del 50 por ciento en altos cargos y personal de libre designación del Ejecutivo regional. Teniente tenía clara la necesidad de estas medidas y lanzó un mensaje a su antecesor socialista, que apostaba por recortes de manera gradual. «Este gobierno autonómico no va a decir que se va a hacer un 10 por ciento del recorte ahora y luego otro 40 por ciento, porque eso es demorar decisiones para no cumplirlas», sentenció la portavoz de la Junta.

Tampoco dudó en anunciar que el Ejecutivo regional apostará por la contratación centralizada, ya que el objetivo es «lograr economías de escala y precios más competitivos». Por ello, Cristina Teniente explicó que el ejecutivo extremeño analiza diez expedientes actuales de contratación centralizada «para mejorarlos y avanzar en políticas de ahorro». Del mismo modo, aseguró que la contratación centralizada no va a tener un importante volumen debido a que «sólo» tienen diez expedientes que alcanzan los 50 millones de euros. Además, Teniente ratificó que la Junta extremeña también busca el «ahorro signficativo» por medio de «la centralización de servicios de suministros» del Servicio Extremeño de Salud y del Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la dependencia.

La vicepresidenta extremeña destacó que el compromiso de estas medidas es «controlar y recortar el gasto» algo que es una «obligación» pero que no se puede llevar a cabo en dos días porque se trata de unas «políticas de austeridad» que tienen «que encajar como un puzzle».