Un tope de seis meses para operarse

Así figura en el proyecto de real decreto elaborado por el departamento que dirige Trinidad Jiménez, por el que se establecen «los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud».

El texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, recibió ayer el visto bueno de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial de Salud, y será debatido el próximo lunes en el Pleno del máximo órgano de coordinación sanitaria autonómica que se celebrará en Palma de Mallorca.

A lo largo de sus siete páginas de contenido, y de las 11 de que consta la memoria de su impacto normativo, el Ministerio remarca que el tiempo máximo de acceso «es el tiempo de espera, expresado en días naturales, que no podrá excederse para intervenir quirúrgicamente, atender en consultas externas o realizar un procedimiento diagnóstico o terapéutico a un usuario del Sistema Nacional de Salud, contabilizado desde la fecha de entrada en el registro de lista de espera».

Referencia en toda España
Tras esta explicación, el texto establece en el artículo 4.2 que «los servicios de salud de las comunidades concretarán en su ámbito territorial las garantías previstas en este real decreto», especificando que «utilizarán como referente» los seis meses de espera antes mencionados. También tendrán en cuenta, añade, «si los procesos o patologías a los que van dirigidos las intervenciones tienen un especial impacto en la salud o en la calidad de vida del paciente».

En este sentido, estipula que los servicios de salud autonómicos «establecerán los mecanismos necesarios para proporcionar la atención sanitaria a los usuarios en los casos en los que se superen los tiempos máximos de acceso a las prestaciones sanitarias garantizados», a lo que añade que «con el fin de hacer efectiva dicha garantía, ofertarán al usuario las alternativas que consideren más adecuadas para la realización de la atención garantizada». El real decreto no alude, sin embargo, a ninguna posible sanción en caso de que una comunidad incumpla con un paciente sin justificación los plazos marcados.

Exigencias a los enfermos
La futura norma es casi más exigente con los enfermos que necesitan operarse que con las autonomías que han de intervenirles. En el capítulo relativo a la «pérdida de la garantía», subraya, por ejemplo, que ésta «quedará sin efecto si el paciente no se presenta a la citación correspondiente en el centro que le ofrezca el Servicio de Salud sin motivo aparente». También obliga a los enfermos en lista de espera a «mantener actualizados los datos sobre su teléfono, domicilio o correo electrónico, a efectos de llamamiento, notificación o localización por parte del servicio de salud», y a «facilitar al servicio de salud la información necesaria que le sea requerida para poderle asignar la alternativa para la realización de la atención garantizada».

Un desarrollo posterior
Aunque el proyecto de decreto reseña sólo la garantía ante la demora quirúrgica en cinco tipos de procesos, el Ministerio de Sanidad ya anuncia en el mismo su intención de incluir más adelante, «previo acuerdo del Consejo Interterritorial», los «tiempos máximos de acceso para consultas externas (primera consulta de atención especializada) y para procedimientos diagnósticos y terapéuticos».

«Previo acuerdo del Consejo Interterritorial, el Ministerio de Sanidad podrá revisar periódicamente los tiempos máximos de acceso que se recogen» en el decreto, «con el fin de adaptarlos a la realidad sanitaria de cada momento, a la situación socioeconómica y a las necesidades de los usuarios del Sistema Nacional de Salud», añade el futuro decreto, elaborado por el Ministerio para desarrollar la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003.