La Comunidad investigará a las Bescam de Alcorcón

Si Cascallana es de los que creen en el refranero español, tendrá que tener más cuidado con el uso que da a las Bescam en Alcorcón o, de lo contrario, el Gobierno regional terminará por rescindir el acuerdo firmado con el Consistorio en 2007, por el que cada año la Comunidad transfiere unos 50 millones de euros para financiar sueldos, uniformes y vehículos de cien agentes de las Bescam. A cambio, el Ayuntamiento simplemente tiene que cumplir el trato: destinar esos recursos exclusivamente a labores de seguridad ciudadana. Dicen que a tercera va la vencida y ésta es la segunda vez que el Gobierno regional da un tirón de orejas a Alcorcón por el uso indebido que el alcalde de la localidad, Enrique Cascallana (PSOE), hace de estas dotaciones que, como su nombre indica (Brigadas de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid) sólo pueden ser destinadas a proteger la seguridad de los alcorconeros. La primera fue en diciembre del año pasado, cuando la Comisión de Seguridad y Seguimiento del convenio abrió un expediente a este Ayuntamiento por haber destinado las dotaciones a regular el tráfico. La segunda fue ayer. Sin embargo ahora no se ha abierto, por el momento, ningún expediente sancionador pero sí una investigación. Así lo comunicó ayer el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Francisco Granados. El objetivo es averiguar qué ocurrió exactamente el fin de semana del 28 al 30 de mayo en Alpedrete cuando la Policía Municipal de Alcorcón acudió a una competición privada de policías con, al menos, un vehículo de las Bescam. Tras la publicación ayer de este escándalo en LA RAZÓN, Granados aseguró que el Gobierno regional abriría una investigación para esclarecer si el Ejecutivo de Cascallana ha incumplido el convenio. El consejero denunció que el alcalde de Alcorcón «niega siempre que tiene ocasión la existencia o la esencia de ese convenio». «En consecuencia, nosotros tenemos la obligación de hacer que ese convenio se cumpla», añadió Granados, quien señaló que el «dinero de los madrileños» se destina «a la seguridad» y que el regidor lo que tiene que hacer «es cumplir con lo que ha firmado». El dirigente madrileño recalcó que la Policía «no tiene la culpa» porque va «a donde le manda el alcalde» y recordó que el Ayuntamiento de Alcorcón «es el paradigma de lo que no se debe hacer en materia de relaciones institucionales», ya que no es la primera vez que se da un caso así.

Las imágenes de la polémicaEl «5.11 Challenge España 2010» reunió en Alpedrete a más de cuatrocientos profesionales de la seguridad el fin de semana del 28 al 30 de mayo. Además de la competición, se celebraban talleres, cursos y entrenamientos en «escenarios criminales reales». Una de estas últimas prácticas fue grabada por Telemadrid. En las imágenes puede verse un vehículo de las Bescam de Alcorcón. Su presencia en este evento privado provocó la denuncia del PP local ante un posible caso de malversación de fondos públicos.

Un control interno que llega tardeCascallana salió ayer al paso de la polémica asegurando que él no había autorizado el acto policial de Alpedrete. Sin embargo, hace unos meses, el primer edil de Alcorcón llegó a poner en duda los requisitos del convenio al afirmar que, como agentes de Policía, las Bescam estaban al mando de la Concejalía de Seguridad y por tanto a la orden de lo que el Ayuntamiento les mandara. Sin embargo, ayer se desdijo. «El concejal de Seguridad no autorizó estas jornadas y abrió un expediente informativo con fecha 4 de junio», aseguró. Cascallana se tomó ayer la apertura de la investigación por parte de la Comunidad como un ataque personal. «El señor Granados tiene fijación con Alcorcón», dijo.