El TSJ de Cataluña dictamina que la educación debe ser en castellano cuando la familia lo pida

En un auto, que cuenta con el voto particular de uno de los 22 magistrados de la sala -otros dos no han acudido a la deliberación-, el TSJC estima parcialmente el recurso presentado por la Generalitat hace cerca de seis meses contra el ultimátum que la sección quinta de este mismo tribunal le dio para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas.

El TSJC mantiene que la sección que dictó el ultimátum no puede hacer un pronunciamiento general sobre el uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Cataluña, a partir de una "lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del Tribunal Supremo".

En opinión del pleno, un pronunciamiento general sobre el uso del castellano como lengua vehicular en la educación que podría ir más allá de lo que ha resuelto el Tribunal Supremo "es algo que excede en mucho de lo que es la función propia de este órgano jurisdiccional, actuando como mero ejecutor del fallo dictado por otro tribunal, y superior".

"Tan sólo el propio Tribunal Supremo habría podido en su momento mediante una aclaración de sentencia haber precisado el contenido de esa frase (...) Nunca podría, sin embargo, hacerlo esta sala del TSJC ", mantiene el auto que, precisamente, es recurrible ante el Supremo.

En su resolución, el TSJC deja sin efecto el ultimátum que la sección quinta de la sala contenciosa dio a la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular en las aulas, pero advierte de que el Departamento de Educación "no ha acreditado haber ejecutado debidamente la sentencia del Supremo"que le obliga a garantizar la escolarización en castellano de las tres familias que recurrieron.

Por ese motivo, mantiene el auto recurrido en cuanto a la obligación del gobierno catalán de adoptar las medidas necesarias para que el castellano sea lengua vehicular en el caso de las familias recurrentes, "reconociéndose en tal sentido su situación jurídica individualizada".

La sentencia del Supremo reconoce el derecho de las familias que recurrieron a los tribunales a que el castellano se utilice como lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña, en base al fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, e insta a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a esa resolución judicial.

La decisión del pleno del TSJC cuenta con el voto particular de la magistrada Núria Clèries, partidaria de que el recurso interpuesto por la Generalitat sea admitido en su totalidad y se mantenga el modelo de inmersión lingüística también en las clases donde estudian los hijos de las familias recurrentes, sin reconocerles situación jurídica individualizada".

Para esta magistrada, la sentencia del Supremo debe entenderse ejecutada por la Generalitat, en la medida en que se ha demostrado que el uso del catalán continua siendo minoritario y que al finalizar su educación los alumnos dominan ambas lenguas.

Clèries recalca que el propio Supremo señala en su fallo que tanto el castellano como el catalán deberían ser vehiculares si el Gobierno de la Generalitat creyera "que el objetivo de normalización lingüística estuviera ya conseguido", lo que en su opinión todavía no se ha logrado.

El letrado de Convivencia Cívica, Ángel Escolano, que representa a las familias que exigieron la escolarización en castellano, ha anunciado hoy que recurrirá el auto del pleno del TSJC, lo que dará al Supremo la oportunidad de pronunciarse de nuevo sobre si la Generalitat cumple su sentencia.

El auto de la sala contencioso-administrativa del TSJC se ha hecho esperar ya que, en un principio, se debía conocer ayer pero los magistrados no han resuelto hasta hoy su dictamen, que mantiene el modelo de inmersión lingüística de Cataluña.

Numerosos medios de comunicación han esperado pacientemente durante horas, a lo largo del día de ayer y también hoy, en la acera de la sede del TSJC, en la Via Laietana de Barcelona, para conocer el resultado de la deliberación de los magistrados.

En la espera, se han vivido algunos momentos de tensión, como cuando una persona ha enarbolado una pancarta con el lema "Polacos: en catalán, coño", que ha sido tirada y rota en el suelo por un transeúnte que pasaba por allí.