ETA mantiene el chantaje para los que pagan a «plazos»

MADRID-El anuncio de ETA de «cancelación», como consecuencia del alto el fuego, de la extorsión del llamado «impuesto revolucionario», comunicado a las patronales navarra y vasca, no afecta a los industriales que ya habían realizado algún pago a la banda y que tienen «cuotas» pendientes, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN.

La presión sobre estas personas se ha incrementado en los últimos meses, con el fin de que entreguen el dinero que se comprometieron a dar. El fraccionamiento de los pagos ha sido una norma habitual dentro de los sistemas mafiosos que utiliza ETA para chantajear a los empresarios.

Necesitan dinero
Los pistoleros necesitan medios para subsistir. Sabían, por lo ocurrido durante la anterior tregua de 2006-2007, que si continuaban con el envío de cartas sería un factor en contra del «proceso» que han urdido para colar sus listas en las elecciones municipales. En cualquier caso, consigan o no estar en los ayuntamientos, las citadas fuentes no dudan de que el chantaje se reanudará a corto o medio plazo.

Los «taldes» («comandos»), encargados del cobro del «impuesto revolucionario», se encuentran activos. Sus métodos de presión contra los empresarios con pagos pendientes son extremadamente agresivos, sobre todo para garantizar que nadie acuda a comunicar lo que ocurre a las Fuerzas de Seguridad. Una denuncia de este tipo arruinaría todo el montaje que ha organizado ETA para que sus candidaturas estén en los comicios de mayo.
 
No se descarta, en este sentido, que los pistoleros hayan llegado a retener contra su voluntad al empresario extorsionado, o a alguno de sus familiares, con el fin de garantizar el pago del dinero pendiente. Se trataría de un sistema parecido al «secuestro exprés», que ETA podría haber utilizado en más de una ocasión, según acreditan documentos que se han incautado en operaciones realizadas contra la banda en Francia.

De lo que se trata es de someter al empresario a «una presión extrema» para hacerle ver que tiene que pagar los «plazos» pendientes. Para realizar estas labores criminales, ETA cuenta con una estructura denominada «Gesa», que depende de «Gezi», el «subaparato» que controla el «impuesto revolucionario».

En uno de los citados documentos, que se reproduce en esta misma página y que está incorporado a un sumario que se tramita en la Audiencia Nacional, se explica, de forma categórica, cómo debe actuar el «comando» con el industrial extorsionado.

«Capturar a nuestro objetivo, confirmar su identidad, llevarlo al monte o a un lugar tranquilo, explicarle el asunto». En el caso de que acceda a pagar, «se le deja marchar, pero antes se le marca una cita, a la que deberá acudir solo con el dinero que se le pide. Se le explica que debe guardar silencio respecto de lo que está ocurriendo y que, si no cumple, sufrirá graves consecuencias».

Guión
ETA, que no se fía mucho de la inteligencia de los integrantes de sus «comandos», les marca, incluso, el guión escrito que deben seguir: «Señor, estás en manos de ETA por tus posibilidades económicas». «Subir la tensión, –ordena la banda–, que se dé cuenta de que esto va en serio». «¿Has entendido? El poner fin a esta situación depende de ti, así que si confirmas ahora mismo que pagarás la cantidad de dinero que hemos fijado te dejamos irte ahora mismo (...) El dinero lo tienes que llevar tú a la cita, nadie más, si así lo haces, en el plazo y en la forma que te digamos, tu compromiso para con Euskal Herria estará resuelto. Si no fuera así, te convertirás en un objetivo operativo-militar prioritario de ETA. Igual si se te ocurre llamar a cualquier cuerpo policial». «Por tanto, –agrega–tienes que seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. De aquí en adelante, todas las gestiones que hagas las harás con toda la discreción del mundo, si no quieres que te suceda nada malo».

«Señor, estás en manos de ETA por el dinero que tienes».
En este documento en euskera, que se incautó en una operación en Francia, ETA explica a sus «comandos» cómo tienen que presionar a los empresarios con pagos pendientes del chantaje conocido como «impuesto revolucionario»