Nueve millones de españoles viven en el umbral de la pobreza

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha presentado hoy el último informe de la organización, titulado 'Derechos a la intemperie' y centrado en los "obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España". En el acto han participado además, el abogado de vecinos de la Cañada Real Galiana (Madrid), Javier Rubio y la asesora jurídica de la Confederación FEAFES, Irene Muñoz.

Beltrán ha expuesto que estos nueve millones de ciudadanos que se calcula viven en España bajo el umbral de la pobreza "están indefensos ante la violación de derechos humanos", entre los que ha destacado el acceso a la salud y a la vivienda, en los que además, "se limita seriamente la posibilidad de que si estos derechos son vulnerados puedan ser reclamados ante la justicia y se pueda obtener reparación.

En materia de vivienda, el informe denuncia los desalojos forzosos en la Cañada Real Galiana (Madrid) y el barrio barcelonés de Sant Martí, "llevados a cabo sin ningún tipo de garantías"y pese a estar "prohibidos por el derecho internacional", así como la situación en el Canbanyal de Valencia y la falta de albergues para personas sin hogar en Vigo, donde han fallecido 37 personas sin techo en los últimos años.

Más de 271.000 hipotecas ejecutadas
Además, se refiere a la crisis económica y expone que más de 271.00 hipotecas se han ejecutado entre 2007 y 2010 por lo que son "cientos de miles"las personas que podrían perder su vivienda y "pese a ello, hasta ahora no se han dispuesto medidas legislativas para abordar este problema", conforme ha señalado Beltrán, para incidir en que en estos procesos se vulneran otros derechos, como el de acceso a la información pública o a la tutela judicial efectiva.

"Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos", es decir, sin cumplir ninguna de las recomendaciones que el Relator de la ONU hizo a España sobre este asunto en el año 2008, según ha explicado el representante de Amnistía.

El abogado de los vecinos de la Cañada Real Galiana, donde residen entre 25.000 y 40.000 familias, ha asegurado que es así como se están practicando los desalojos en la zona, ordenados por el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, ya que "ninguno de estos principios", entre los que también figura garantizar una vivienda alternativa a los desalojados, se está cumpliendo.

El problema, expone, es que "no se pude apelar al derecho a la vivienda porque no está en la Constitución Española"recogido como tal y "no se considera a la misma altura ni pesa lo mismo que el resto de derechos", ya que se trata de "principios rectores"que deben desarrollarse normativamente y, por tanto, no pueden invocarse. "Ni siquiera el Tribunal Constitucional admite que derecho a vivienda y a la salud puedan ser objeto de amparo", ha añadido Beltrán.

"Derechos a la intemperie"
En cuanto a la salud, el informe recuerda que "cerca de 200.000 personas carece de cobertura sanitaria gratuita"y sólo tiene acceso a servicios de urgencia, bien porque no han trabajado nunca en la economía formal, bien porque ya no cobran ningún tipo de prestación o porque pertenecen a colegios profesionales no integrados en el régimen de autónomos. Además, en el ámbito específico de la salud mental, la organización asegura que los derechos de los ciudadanos "quedan a la intemperie".

"Puede existir la percepción de que el derecho a la salud está suficientemente protegido en España, pero esto no es real y desde luego, no lo es para las personas con enfermedad mental", ha señalado Beltrán, para incidir en que la situación en que se encuentran "no es ninguna prioridad"como prueba que España se encuentre en los últimos puestos de la Europa en inversión en este área, con 6,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

Sobre este asunto, la representante de la Confederación FEAFES ha puesto el acento en los ingresos no voluntarios de personas con enfermedad mental, que ejecutan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para denunciar los casos de "conculcaciones flagrantes de derechos humanos"que sufren estos ciudadanos y señalar que "en lugar de invertir en prevención y tratamiento, se invierte en contención y castigo"porque la salud mental se ve como un problema de seguridad pública.

En el informe, la organización exige que se ponga fin a estos desalojos forzosos en todo el territorio, que se impulsen cambios legislativos estatales y autonómicos que aseguren por ley el respeto de todos los derechos humanos, que se adopte una ley de acceso a la información, que se publiquen datos para verificar el cumplimiento del Estado de sus obligaciones con respecto a estos derechos y que se garantice el acceso y disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental para todas las personas.