La Junta ahorra 134 millones a los emprendedores y empresas

Valladolid- El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera continúa poniendo en marcha iniciativas que permitan crear empleo en Castilla y León. La última es la eliminación o simplificación de 275 trámites administrativos. Esto ha permitido a los emprendedores y las empresas ahorrar 134 millones, gracias al Plan para la Reducción y Eliminación de Cargas Administrativas 2007-2012, impulsado por la Consejería de Hacienda.

Y es que, el sector empresarial sufre unas cargas administrativas muy altas como la solicitud de autorizaciones y licencias, la inscripción de determinados actos jurídicos en los registros públicos o la presentación de cuentas.

La burocracia tiene un elevado coste para los propietarios de un negocio, que se estima que oscila entre los 6.000 y los 30.000 euros anuales, dependiendo del tamaño de la compañía.

La Unión Europea ha impuesto a los estados miembros el mandato de rebajar esa factura con un doble objetivo: por un lado, propiciar que las empresas ya existentes reinviertan los recursos que ahorran y, por otro, ayudar a que surjan nuevos proyectos. En cumplimiento de este precepto, el Gobierno de España aprobó un Plan Nacional de Reducción y Eliminación de Cargas Administrativas para el periodo 2007-2012, que establecía como meta abreviar o suprimir el 30 por ciento de los trámites. La Junta de Castilla y León asumió este compromiso como propio y también fue adoptado como prioridad por el Consejo del Diálogo Social, que aprobó un programa de acción para impulsarlo el 6 de mayo de 2010.

Según el primer análisis sobre este plan quinquenal, las modificaciones en 275 procedimientos administrativos autonómicos han generado un ahorro de 134 millones de euros a los emprendedores y las empresas regionales, cifra que equivale al 0,23 por ciento del Producto Interior Bruto de la Comunidad. Este cálculo se ha realizado de acuerdo con el llamado Modelo Coste Estándar que utiliza la Unión Europea, que ha sido elaborado y acordado para todas las administraciones públicas españolas. En esencia, consiste en asignar una valoración económica fija a cada medida de reducción o eliminación que se lleva a cabo.

Entre los trámites que se han simplificado, destacan los dirigidos a aliviar las cargas a las que se enfrentan el sector agrícola y ganadero, el turístico y los beneficiarios de la promoción empresarial a través de la ADE. Gracias a la teletramitación, por ejemplo, 111.221 personas se han dado de alta electrónicamente en el Registro de Beneficiarios de la Consejería de Agricultura y Ganadería.