Wikileaks y el fiscal general

A expensas de lo que pueda salir a la luz pública en los próximos días, lo filtrado hasta ahora por el portal de internet Wikileaks no pasa de ser una amalgama heterogénea de chascarrillos, cotilleos, análisis periodísticos, interpretaciones más o menos atinadas y hasta comentarios de barra de bar. En suma, un tótum revolútum bastante insulso que suscita más morbo que interés en la medida en que desnuda los usos y costumbres de la diplomacia de la primera potencia mundial. Pero apenas si aporta novedad o revelación de interés que no estuviera al alcance del público o de los analistas especializados. Tampoco hay sorpresa en lo que afecta a España, sobre la que se han filtrado más de 3.500 documentos, la gran mayoría pertenecientes a la etapa del anterior embajador norteamericano, Eduardo Aguirre. A juzgar por lo publicado estos días, la legación de Estados Unidos se ha limitado a enviar a Washington un dosier de Prensa y a reportar la agenda de trabajo del embajador. Del primero huelga todo comentario. La segunda, sin embargo, resulta más sugerente. El relato de los contactos diplomáticos a propósito de conflictos tan destacados como el «caso Couso» o los presos de Guantánamo ofrece sabrosos ejemplos de cómo el Gobierno de Zapatero ha usado el Ministerio Fiscal con una desenvoltura cuando menos indecorosa, como si fuera una simple herramienta a su servicio y conveniencia. No es el fondo, del que no se aportan grandes nuevas, sino las formas empleadas lo que llama la atención. En este punto, el papel desempeñado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, del que dependen unos fiscales que en su inmensa mayoría son irreprochables, deja mucho que desear y no es precisamente un modelo de independencia, ni siquiera de autonomía, respecto al poder político. Es verdad que la Fiscalía atiende al principio de jerarquía y que depende orgánicamente del Gobierno, pero eso no significa que su actuación esté mediatizada o dictada por criterios gubernamentales. Seguramente el fiscal general hizo lo correcto en aquellos contenciosos que afectaban a los intereses de EE UU, como también el Gobierno estaba en su derecho de oponerse al procesamiento de políticos y militares norteamericanos. Pero la mezcla de ambas instancias es lo que instintivamente produce rechazo porque muestra en toda su crudeza quién da las órdenes y quién obedece sumisamente. La desazón aumenta si trasladamos a la política nacional escenas tan poco edificantes como ésas. Con toda lógica, el ciudadano se preguntará ahora si la Fiscalía actúa de igual modo y con los mismos resortes ante la corrupción cuando afecta a dirigentes de la oposición. O en la lucha contra ETA y su brazo político. El PP ha denunciado en diversas ocasiones que Conde-Pumpido ha actuado atendiendo antes a los intereses del PSOE que a los de la Justicia, con intervenciones claramente inspiradas desde el Gobierno. A la vista de los papeles de Wikileaks, parece que a los populares nos les falta razón. Las desabridas réplicas, ayer, de algunos portavoces del Gobierno y del PSOE son la expresión de quienes han sido sorprendidos en maniobras poco decentes.