El Supremo rechazará una de las recusaciones de Garzón

MADRID- El juez Baltasar Garzón quiere apartar a otros dos magistrados que deben juzgarle por haber ordenado escuchar en prisión a los principales imputados del «caso Gürtel» con sus abogados.En concreto, pretende que Luciano Varela y Manuel Marchena sean «expulsados» también del tribunal de la Sala Penal del Supremo que debe decidir si incurrió en un delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. Las acusaciones, ejercidas por los abogados de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, solicitan hasta 12 años de inhabilitación para Garzón, quien actualmente se encuentra suspendido provisionalmente en el ejercicio de sus funciones, mientras que la Fiscalía pide su absolución.
Sin embargo, La Sala Penal del Supremo prevé rechazar «ad limine», es decir, de plano, la recusación contra Luciano Varela, al considerar que no hay motivos que justifiquen la animadversión denunciada por Garzón, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del citado tribunal. De esta forma, la recusación ni siquiera se tramitaría, con lo que se mantendría el próximo martes, día 17, como fecha del inicio de ese juicio, el primero de los dos que ya están fijados.
La única posibilidad que le quedaría para retrasar nuevamente el inicio de la vista oral estaría en manos del Tribunal Constitucional, donde presentó un recurso de amparo contra la decisión del Supremo de no admitir la recusación del magistrado Manuel Marchena.
Se da la circunstancia que Varela fue el instructor de la causa por la que Garzón, en principio, será juzgado el próximo día 24, relacionado con su instrucción sobre las desapariciones del franquismo. En mayo de 2010, el juez Varela abría juicio oral al entender que el hasta entonces juez de la Audiencia Nacional podía haber incurrido en un delito de prevaricación, toda vez que al investigar el caso de la Memoria Histórica «no solamente no ha sido usual, sino que no se ha identificado caso alguno en que, constando desde la noticia del delito que éste era de los incluidos en el ámbito de la Ley de Amnistía de 1977, se haya iniciado una investigación penal por ningún órgano jurisdiccional español respecto de tales hechos».
Por su parte, Manuel Marchena es el instructor de la tercera causa que tiene abierta Baltasar Garzón, relacionada con supuestas peticiones a distintas empresas de financiación de actividades de la Universidad de Nueva York, en la que se encontraba con una licencia de estudios entre los años 2005 y 2006. Precisamente, Manuel Marchena acaba de solicitar a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional información relativa a determinados procedimientos penales abiertos en su día contra los que fueran directivos de Telefónica y Cepsa y que posteriormente fueron archivados.