Un Gobierno irresponsable

Cuando un país, como es el caso de España, tiene el dudoso honor de encabezar el ranking mundial de piratería digital, porque el 77,3% de los productos descargados son ilegales, lo mínimo que se espera de su Gobierno es que adopte las medidas necesarias para ponerle fin. Eso es lo que haría, desde luego, un Gobierno responsable, con sentido de Estado y con la voluntad de defender su rica industria cultural. Por si estos no fueran argumentos suficientes para legislar contra los «piratas», un Gobierno con sentido de la justicia fiscal debería combatir el fraude gigantesco de 10.800 millones de euros anuales que suponen las descargas ilícitas; sólo en concepto de IVA, Hacienda deja de ingresar 2.000 millones de euros. Por desgracia, el Gobierno socialista, que arrastra con más pena que gloria sus últimos días en el poder, no está dando muestras ni de responsabilidad ni de actuar por encima de sus intereses de partido. El espectáculo que ha dado a propósito de la mal llamada «Ley Sinde» no es digno de una nación importante y seria como España. Ayer por la mañana, todo apuntaba a que el Consejo de Ministros aprobaría, por fin y tras dos años de idas y venidas parlamentarias, el reglamento que desarrollaba la citada ley. La mayoría de los grupos políticos estaba de acuerdo con sus líneas básicas, al margen de diferencias de matiz, y el PP lo había apoyado expresamente, sin perjuicio de otras disposiciones que pueda tomar cuando asuma las tareas de gobierno. Pues bien, fiel a sí mismo y a su modo errático de gobernar, a golpe de improvisaciones, ocurrencias y rectificaciones, el Consejo de Ministros socialista dio la penúltima espantada y decidió no poner en práctica una ley de vital importancia para la economía, para el prestigio internacional de la marca España y para las inversiones en el sector cultural. Los motivos son puramente partidistas, propios de políticos de vuelo gallináceo. Según reconoció indirectamente el ministro portavoz, ésa es una decisión que deberá tomar el futuro Gobierno. La mezquina actitud de José Blanco, más dispuesto a echar gasolina a los problemas que a solucionarlos, demuestra la falta de coraje de unos gobernantes para hacer frente al ruidoso, pero minoritario, sector de los internautas, que se resisten a que se ponga coto a la apropiación indebida. No es cierto que prohibiendo las webs de enlaces de productos protegidos por las leyes se coarte la libertad de expresión, pues no es el intercambio de información y de opinión lo que se regula, sino el tráfico de productos comerciales e intelectuales que tienen dueño y pagan sus impuestos. Nada deben temer quienes actúan de forma respetuosa con los derechos de los demás. Si de algo hay que tener miedo es de un Gobierno que dimite de sus responsabilidades por interés particular y, en vez de velar por el bien de su país, prefiere defender su finca ideológica.