Todos contra la ley del cine en catalán

El director de «The mosquito problem and other stories» es el búlgaro Andrey Paounov. Este documental de tan bizarro título era hasta ayer el único filme que se podía ver con subtítulos en catalán en una sala de cine de la Ciudad Condal. Vivió su día de gloria ayer, en un único pase a las 22.30. Hoy, la cartelera espera los estrenos de la semana y el documental sobre insectos gigantes y un pueblo que aguarda la construcción de una central nuclear es ya pasado. No obstante, desde la Filmoteca adelantan que este mes se podrá ver en una de sus salas, con subtítulos. La futura Ley de Cine de Cataluña, que estará dispuesta en 2011, cambiará este panorama. En la cuerda flojaDe momento nos queda el anuncio del conseller de Cultura de la Generalitat, que destapó el miércoles la caja de los truenos con el anuncio de la obligatoriedad de que el 50 por ciento de las películas que se estrenen en Cataluña sean dobladas o subtituladas al catalán. Distribuidores y exhibidores se muestran contrarios. Desde Fedicine –la Federación de Distribuidores Cinematográficos–, su presidente, Luis Hernández de Carlos, dejó claro ayer su rechazo a este polémico punto del anteproyecto, «un asunto que viene de atrás, de hace doce años, y que parece que se encalla. No tememos sólo por las major estadounidenses, sino, sobre todo, por los distribuidores independientes. Si cedemos ahora en este punto, los territorios con lengua propia pedirán exactamente lo mismo y el cine se convertirá en un negocio ingobernable y antieconómico», declaró. Este organismo agrupa al 90 por ciento de las distribuidoras independientes, y a los representantes españoles de las principales ‘majors' (como Universal Pictures Internacional Spain y Disney). Julio Fernández, presidente de Filmax, dijo ayer que «es inoportuno y va a crear incertidumbre», y propone que se inicien conversaciones para elaborar un plan de ruta a 20 o 25 años vista, «porque este tema no se puede solucionar de un día para otro». No es el de la distribución el único sector que se verá afectado por esta futura norma. «La clave está en los cines. Ellos van a sufrir y mucho las consecuencias de esta obligación», apuntaban ayer desde alguna de estas distribuidoras nacionales. «El público no quiere ver películas en catalán. Las estadísticas están ahí. Si el mismo filme lo proyectan en dos salas contiguas, la gente se marcha a la que lo exhibe en castellano», lamentaban.Crear una demandaLos exhibidores, otra de las patas del sector resumían su opinión en un comunicado largo y jugoso. Pilar Sierra, representante del Gremio de Empresarios de Cataluña, aseguró a este diario que «nos hemos reunidos y sabíamos de sus pretensiones, pero lo que el miércoles se dio a conocer es un objetivo político. En las reuniones expusimos que íbamos a colaborar si se fomentan las ayudas y que era necesario crear una demanda que hoy no existe. La audiencia en catalán es del 21,8 por ciento frente al 78,2 en castellano. A nosotros nos va a afectar negativamente y queremos que no se haga por cuota, sino a través de medidas de fomento». Añadió, además, que «no se ha contado con las distribuidoras independientes en las negociaciones. Sé que se van a ver muy afectadas porque lo hemos hablado: si a los gastos que genera una película se añaden los de subtitular y doblar a dos idiomas, castellano y catalán, ¿de dónde van a sacar el dinero?. Para algunas puede significar el cierre». Y concluye que «nos sentaremos a negociar si nos llaman, aunque tendríamos que haber conocido antes el borrador», concluye. El precio de un doblaje normal (depende del número de personajes del filme, de quién les ponga la voz, etcétera) puede rondar los 30.000 euros. Para la subtitulación las cifras pueden bajar a la mitad. El colectivo de dobladores se mostró temoroso ante el futuro de su trabajo por el fomento del cine subtitulado.Ayer también se anunciaron dos nuevas iniciativas que no darán precisamente calma al sector. Según las bases de la nueva Ley del Cine, se establecerá la creación de una red de cines públicos, que gestionará la Generalitat, donde se exhibirán cintas en versión original subtitulada en catalán, sobre todo europeas, y películas catalanas, en busca de equilibrar el mercado. Según las bases de la ley, se pretende así combatir el dominio de las «majors» en los cines catalanes, que concentran un 75 por ciento de las películas exhibidas en los cines catalanes. A este nuevo plan pueden adherirse salas en distintos régimenes (públicas, públicas con gestión privada o privadas concertadas). Paralelamente, la ley prevé la creación de un fondo para favorecer a las salas privadas que apuesten por la exhibición en catalán, así como una ayuda extra a las que se abran al cine rodado en catalán, aunque no se han adelantado todavía las cifras de este fondo.