Un policía «suplantó» a la Audiencia y notificó a Camps el auto de Garzón

madrid- El PP continúa con su ofensiva contra el juez Garzón y presentó ayer un nuevo escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que denuncia supuestas irregularidades en la notificación del auto de inhibición, en lo que afecta a la Comunidad Valenciana. En concreto, según el PP, fue un inspector de policía no identificado quien telefoneó al presidente valenciano, Francisco Camps, a su móvil personal, sobre las diez y media de la noche, para comunicarle, como «miembro de la UDEF central», que se diera por notificado el auto y para que le proporcionara un número de fax al que hacérselo llegar. Camps le solicitó que se identificara, a lo que, según figura en el escrito del PP, «éste se negó de nuevo». Según el relato de los hechos que figura en la denuncia, cuando el barón popular, implicado por Garzón en la «operación Gürtel», preguntó como había conseguido su número de teléfono personal, el funcionario policial contestó «diligencias policiales» e insistió en que cumplía órdenes de su superioridad. También otros implicados valencianos, como el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, fueron informados del auto de manera irregular. Campos lo conoció por un inspector de Madrid, a través de una llamada a la sede del PP de Castellón. La notificación debe hacerse a través de los correspondientes secretarios judiciales y oficiales de la Administración de Justicia. El PP asegura en su escrito que lo que impulsa a Garzón a «saltarse el procedimiento establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a ignorar el fuero del presidente de la Generalitat, y a forzar unas cuando menos irregulares notificaciones policiales, es habilitar los tres días señalados como plazo de recurso, de tal manera que venciendo el plazo, pudiese disfrutar de su permiso» para marcharse a Guatemala. Los populares también piden al CGPJ que estudie si el juez cometió falta por irse de España sin remitir la causa a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia. Y, como en ocasiones anteriores, arremeten en su nota vehementemente contra el juez, a quien acusan de «dar a la Prensa titulares tan sensacionalista como perjudiciales para el PP y gravemente dañosos para las personas inculpadas y afectadas». Obligado a investigar Por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo de la querella que presentó el Partido Popular contra el juez por un delito de prevaricación, al entender que el magistrado había retenido de forma indebida el «caso Gürtel», en vez de haber remitido la causa a los tribunales superiores de Madrid y Valencia, cuando existían indicios contra aforados de ambas. En su escrito, esgrime que la Fiscalía Anticorrupción se limitó a contestar al juez que la inhibición debía realizarse «cuando aparezcan indicios de responsabilidad contra el aforado», y que, precisamente por ello, «el aforamiento no sólo no impide, sino que obliga a continuar la investigación a fin de comprobar o desvirtuar esas imputaciones personales, evitando así la remisión no justificada».