Caza de brujas chavista en las redes sociales

Dos días después de las elecciones presidenciales de Venezuela, José Felix Carrillo, empleado público, de 30 años, intentó acceder a su puesto de trabajo en la sucursal de Hacienda del estado de Vargas. Sin embargo, agentes de la Policía –acompañados por un procurador del Estado, un fiscal y el jefe del organismo recaudatorio– se lo impidieron. El jefe de José Félix le comunicó sobre la marcha a él y a otros cinco compañeros que tenían que abandonar su empleo. ¿El motivo? Sus nombres aparecían en una lista de sospechosos antichavistas.

Éste es uno de los muchos casos de venezolanos que trabajan en empresas e instituciones públicas que están siendo acosados y despedidos, según numerosas denuncias llegadas a partidos políticos de la oposición y a organismos de derechos humanos y civiles. Estas denuncias proceden de trabajadores de ministerios, gobernaciones, alcaldías, empresas del Estado y empresas expropiadas desde diversos puntos del país, según reza un informe elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.

Internet ha sido el instrumento clave en esta campaña de «limpieza política». En el estado de Táchira fue abierta una cuenta en Facebook bajo el nombre «Denuncia al traidor de la patria», en la que se publicaban nombres y fotos de funcionarios, que votaron por Capriles, con mensajes intimidatorios por parte de adeptos al Gobierno. La cuenta, que se cerró el 26 de abril, fue muy seguida, según explica a este periódico por teléfono Ligia Bolívar, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello.

Twitter, uno de los medios preferidos por el presidente Hugo Chávez para comunicarse con el país, es ahora mismo la herramienta utilizada por sus seguidores, que mantienen abiertas varias cuentas en las que impulsan lo que miembros de la oposición política ya han calificado como «una caza de brujas». Uno de los casos más preocupantes, según el informe, es el de una diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Odalis Monzón, quien escribió en su Twitter: «Comencé a meter la lupa aquí en Vargas, muchos que están en las Misiones Sociales e instituciones del estado tocando cacerolas no pidan cacao».

Delsa Solórzano, diputada de la oposición por el partido un Nuevo Tiempo, califica esta persecución como una «señal de desesperación» del Gobierno, «que está buscando las claves de su derrota política». En declaraciones a LA RAZÓN, Solórzano afirma que el candidato presidencial Nicolás Maduro perdió una media de 70.000 votos diarios durante la campaña electoral. «Tradicionalmente en Venezuela existe lo que se llama la lista uno por diez, que consiste en que un empleado público lleva a diez personas a votar. Pero en estas elecciones este mecanismo no le ha funcionado al chavismo», denuncia la diputada. «Piensan que el culpable de la derrota son los empleados públicos y por eso están aconsándoles y despidiéndoles de las empresas del Estado», relata Solórzano, quien dice tener más de 4.500 denuncias de trabajadores que han sido hostigados tras los comicios del 14 de abril y quien afirma que «esta operación de limpieza ha sido puesta en marcha por los directivos de las empresas del Estado».

Ligia Bolívar señala que las denuncias de los empleados acosados provienen de diferentes lugares del país y, especialmente, del estado de Bolívar, donde se concentra el mayor número de empresas públicas. No duda de que estamos ante una persecución política: «Todos los denunciantes llevaban años en la empresa, no tenían amonestaciones y en muchos casos habían sido ascendidos en el pasado».

La directora del Centro de Derechos Humanos relata que a muchos funcionarios les fueron requisados el teléfono móvil al llegar al lugar de trabajo para buscar comentarios, fotos o cualquier otra «señal sospechosa». El nombre de José Félix no aparecía en Twitter ni en Facebook, pero sí en una lista que alguien confeccionó «de forma arbitraria» y que significa el despido.

Todos estos hechos han sido negados por las autoridades del Gobierno venezolano, que atribuye las denuncias a una «campaña mediática dirigida a crear una falsa matriz de supuestas persecuciones», según un comunicado del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, los llamamientos del propio presidente Maduro atacando a la oposición ha sido constantes: «Racismo y xenofobia son los componentes (de la ideología opositora) y hay que desinfectar la sociedad de esos antivalores».