El chavismo purga a los disidentes

Un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas pone de manifiesto cómo la tensión política que vive Venezuela se ha trasladado de forma soterrada al ámbito laboral. Organizaciones de derechos humanos están recibiendo numerosas denuncias de persecución laboral contra aquellos ciudadanos que no votaron en las elecciones presidenciales por el candidato oficialista Nicolás Maduro. La persecución se ha trasladado también al mundo de las redes sociales. Según explica a este periódico Carlos Correa, director de Espacio Público, una asociación civil venezolana dedicada a la libertad de expresión, se han documentado situaciones de hostigamiento contra trabajadores de diferentes empresas en distintos estados del país, «lo cual nos hace pensar que no se trata de casos aislados sino de una política de Estado».

Esta persecución política incluye, según Correa, la revisión de los teléfonos móviles y el rastreo en Twitter de mensajes «sospechosos». También se ha habilitado una página en Facebook en la que los venezolanos pueden «delatar» a aquellos que son simpatizantes de Henrique Capriles, el líder opositor que no reconoce la victoria de Maduro en los comicios del pasado 14 de abril.

La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática ha corroborado la veracidad de 4.230 denuncias que ha recibido en los últimos días por parte de funcionarios que han sido maltratados, han sufrido acoso o rebajas de sus condiciones laborales e incluso algunos han sido despedidos por el mero hecho de no ser chavistas. De las 4.230 denuncias, 2.812 corresponden a casos de acoso laboral, 876 se refieren a despidos y 542 vienen motivadas porque los trabajadores han sufrido un perjuicio de sus condiciones laborales, casos todos ellos supuestamente provocados porque los empleados no son chavistas.

En Venezuela hay un recuerdo muy amargo de la purga política emprendida en 2004. Ese año se celebró el referéndum revocatorio para decidir la permanencia de Hugo Chávez en el poder, tras el cual se hizo pública la ya tristemente célebre «lista Tascón», en referencia al nombre del funcionario chavista que sacó a la luz los nombres de casi cuatro millones de venezolanos que dieron su firma para activar dicho referéndum. A partir de entonces, cientos de funcionarios fueron despedidos y a otros muchos se les denegaron contratos con la administración pública.

Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, asegura que se están produciendo despidos «masivos» a nivel nacional en diversos estados y sectores por causas políticas. Bolívar explicó que ahora «la gente ha perdido el miedo» en comparación con lo sucedido con la «lista Tascón». «Como no pudieron vulnerar el secreto del voto, han dado comienzo a esta persecución», asegura a LA RAZÓN Carlos Correa, de Espacio Público.

Las elecciones venezolanas también dejaron otra víctima, la libertad de expresión. En los días posteriores a los comicios, Espacio Público documentó 46 casos con denuncias de violaciones a la libertad de expresión. Intimidación, censura, amenazas, asalto a las sedes de medios, agresiones a periodistas heridos o golpeados por civiles o por Fuerzas de Seguridad, insultos por parte de funcionarios... El repertorio de la persecución a la libertad de expresión en Venezuela también incluye el hostigamiento judicial y el ataque con bombas molotov, como sucedió con el diario «El Avance», cuando 30 individuos motorizados adeptos al oficialismo, identificados con banderas rojas, provocaron destrozos en la redacción.