El Parlamento danés aprueba la ley para confiscar bienes a los refugiados

El Parlamento da luz verde por amplia mayoría requisar las pertenencias a partir de 1.300 euros para sufragar su acogida.

Dinamarca ha hecho realidad su amenaza. Las fórmulas que estudiaba para dejar de ser un destino atractivo para los refugiados ya tienen el visto bueno del Parlamento. La Cámara danesa aprobó ayer una nueva ley para confiscarles sus bienes por un valor superior a 1.300 euros para sufragar los gastos que cubre el Gobierno en concepto de alojamiento. A pesar de las críticas, el país ha seguido adelante con esta controvertida medida. La legislación no sólo contempla la confiscación de bienes sino más cambios en la política de asilo, que impedirán el reagrupamiento familiar por al menos tres años. Con 81 votos a favor y 27 en contra, la nueva norma propuesta del Gobierno liberal del primer ministro, Lars Løkke Rasmussen, ha recibido el apoyo de tres partidos del bloque de centro derecha y del Partido Socialdemócrata, el principal grupo de la oposición.

La ministra danesa de Inmigración, Integración y Vivienda, Inger Stojberg, y el titular de Asuntos Exteriores, Kristian Jensen, debatieron la medida el lunes ante la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo. Durante su comparecencia, ambos aseguraron que los objetos de valor sentimental para los demandantes de asilo, como anillos de boda o fotos de familia, no serán confiscados, medida que también fue criticada por la mayoría de los grupos por la dificultad de determinar dicho valor sentimental. Anillos o alianzas no serán confiscados, pero sí, por el contrario, móviles o cualquier dispositivo electrónico. «Pensamos que es justo y razonable que aquéllos que buscan asilo y que traen suficientes bienes deberían pagar el coste derivado de la alimentación durante su estancia mientras dura el proceso de solicitud de asilo, pero quedarán fuera de dicha confiscación los bienes que tengan un valor sentimental», señalaba el ministro de Exteriores.

La denominan la «cuenta del inmigrante», el precio que tiene que pagar por su acogida. Esta iniciativa del Gobierno llega después de haber recibido la cifra récord el pasado año de 20.000 refugiados y de que el sentimiento antiinmigración vaya calando por el tirón que tiene el partido ultraderechista DF. En esta política de rechazo hacia la inmigración, Dinamarca consideró mover a todos los refugiados a campos a las afueras de las ciudades, en una muestra de que la política de integración no está en su agenda.

Pero Dinamarca no es el único país que está adoptando este rumbo para frenar por completo la llegada de refugiados a su país. La práctica no es nueva y va encontrando cada vez más adeptos en Europa. La primera en lanzar el debate y poner en práctica la medida fue Suiza, donde las autoridades pueden retener dinero a los demandantes de asilo por encima de los 1.000 francos suizos (unos 905 euros). El secretario de Estado de Migraciones justificaba la iniciativa por considerar que los refugiados tienen que contribuir en la medida de lo posible a los gastos que se deriven de su solicitud de asilo, incluyendo la asistencia social. «Si una persona se va por su propio pie en un plazo de siete meses, podrá recuperar su dinero y llevarlo consigo. De lo contrario, el dinero servirá para cubrir los gastos comprometidos», explicaba un portavoz del departamento a «Le Monde».

Y en esta misma línea, sorprenden también dos Estados del sur de Alemania, Baviera y Baden-Württemberg, que se oponen a la política de puertas abiertas determinada por la canciller Angela Merkel. En Baviera, si los refugiados cuentan con más de 750 euros, la Policía puede confiscar lo que exceda de esa cuantía, como así lo señalaba al diario «Bild» el ministro del Interior, Joachim Herrmann. En el caso de Baden-Wurtemberg, el dinero en metálico superior a 350 euros puede serles retirado. Ambos Estados aseguran cumplir con la ley alemana, cuando dice que es el demandante de asilo quien tiene que utilizar primero sus recursos, «donde se incluyen las joyas de la familia», añaden. Se han levantado críticas para tachar de desproporcionadas estas políticas, pero no han sido suficientes para frenar la voluntad de varios Gobiernos europeos en proseguir su camino hacia el rechazo del refugiado. Algunos críticos han considerado similar estas iniciativas a las llevadas a cabo durante la Alemania nazi.

Organizaciones como Amnistía Internacional alertaban de la intención del Gobierno danés antes de que la medida llegara ayer al Parlamento. Señalaba que para los refugiados de guerra Dinamarca será «una opción imposible» si el tiempo de espera para aplicar para poder traer a la familia se amplía de un año a tres años. «Es simplemente cruel obligar a las personas que están huyendo de conflictos tener que hacer una elección imposible: o llevar a los niños y a otros seres queridos en peligro, o incluso en viajes mortales, o dejarles atrás y enfrentarse a una separación prolongada, mientras que miembros de la familia siguen sufriendo los horrores de guerra», dijo Gauri van Gulik, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa y Asia central. «La separación puede tener un impacto devastador en las familias, incluyendo su rehabilitación de experiencias traumáticas y su capacidad para integrarse y adaptarse a la vida en un nuevo país».