Hollande abandona a la fuerza su reforma de la Constitución

La falta de apoyos le obliga a enterrar sus propuestas estrella tras el 13-N y refleja su debilidad interna. Renuncia a retirar la nacionalidad a los condenados por terrorismo y reforzar el estado de emergencia. La revisión del texto ahondó la división del Partido Socialista pero tampoco convenció a los conservadores

François Hollande renuncia a reformar la Constitución de su país. Él mismo había anunciado los cambios que quería introducir en el texto fundador el pasado 16 de noviembre, en un solemne discurso en Versalles, tres días después de los atentados en París y Saint-Denis que dejaron 130 muertos y más de 350 heridos. El objetivo era «permitir a los poderes públicos actuar, conforme al Estado de Derecho, contra el terrorismo de guerra», ofreciendo un marco adecuado al estado de emergencia decretado tras los ataques, e introducir la privación de nacionalidad a los condenados por terrorismo que dispusieran de otra nacionalidad. Aquel día, diputados y senadores, reunidos en la Asamblea en Versalles, aplaudieron casi como un solo hombre las palabras del jefe del Estado.

«Constato hoy, cuatro meses después, que la Asamblea y el Senado no han logrado ponerse de acuerdo y parece imposible alcanzar un compromiso sobre la privación de nacionalidad», reconoció ayer Hollande en una alocución. Él esperaba superar «las fronteras partisanas» y «unir a los franceses», y achacó su fracaso a la derecha, a «una parte de la oposición, hostil a toda revisión constitucional».

Culpa a la derecha

Hollande lamentó «profundamente» la actitud de esa derecha que no había hecho lo que debía en las circunstancias «graves» que conoce Francia «para evitar las divisiones y descartar la demagogia». El presidente francés eludió comentar que la mayor oposición a la reforma constitucional ha procedido de la izquierda en general y de los socialistas en particular, y ha estado simbólicamente encabezada por su ministra de Justicia, Christiane Taubira, que protagonizó una sonada dimisión el pasado 27 de enero para evitar defender ante la Asamblea un proyecto de ley en el que no creía. «Me voy a causa de un desacuerdo político importante», dijo entonces Taubira, admitiendo que el peligro terrorista es «grave e imprevisible», pero negándose a concederle «ninguna victoria, ni militar, ni política, ni diplomática, ni simbólica», en referencia a la retirada de la nacionalidad a los condenados por terrorismo que posean una doble nacionalidad.

Cuando Hollande anunció la reforma constitucional se le reprochó que quería fagocitar a la oposición, que no tendría más remedio que apoyarle porque las reformas que quería introducir eran medidas propuestas en el pasado por la derecha. Sin embargo, este proyecto ha provocado una profunda división en el seno de los socialistas porque no sólo se han opuesto los llamados «rebeldes», los que discuten la política de Hollande desde que asumió la presidencia de la República, sino que esta vez ha encontrado críticas hasta entre personas de su entorno más cercano, como el actual ministro de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, o su ex ministro de Trabajo, François Rebsamen. Por un lado estaban los que acusaban al presidente de crear dos clases de ciudadanos: aquellos que podían ser privados de la nacionalidad francesa, y los que no, porque sólo disponían de una. El Ejecutivo se decidió a aplicar la medida a todos, corriendo el riesgo de crear apátridas, pero el texto se ha encontrado con la oposición del Senado, que está en manos de los conservadores. El líder de los Republicanos, Nicolas Sarkozy, ha acusado a Hollande de «crear las condiciones del fracaso» de esta reforma que él apoyaba. «A fuerza de prometer todo y lo contrario de todo, la realidad es que condena al país al bloqueo y al inmovilismo», dijo Sarkozy de François Hollande. Quien guardó silencio fue François Fillon, uno de los rivales de Sarkozy en las primarias para elegir al candidato conservador de cara a las presidenciales.

63 horas de debate para nada

Fillon fue el primero en oponerse a la reforma constitucional. Para él, el anuncio de Hollande no era más que «una cortina de humo», un gesto simbólico «anecdótico en la lucha contra el totalitarismo islamista». Aunque la polémica giraba en torno a la privación de la nacionalidad, el presidente francés ha decidido dar carpetazo al conjunto del proyecto de revisión de la Constitución que iba a permitir inscribir el régimen de estado de emergencia en la ley ordinaria. La reacción de Hollande tras los atentados le hizo crecer en la estima de los franceses, que consideraban apropiada su respuesta. Pero estos cuatro meses de divagaciones y 63 horas de debates parlamentarios han vuelto a hacer mella en la popularidad del presidente galo, que alcanza los niveles más bajos de su mandato. Y la curva de popularidad podría acentuar esta tendencia. Hay quien se pregunta si tras echar marcha atrás en la reforma constitucional, el jefe del Estado francés no decidirá tomar el mismo camino en la reforma laboral que el Gobierno ha presentado esta semana en Consejo de Ministros. Hoy, sindicatos de trabajadores y estudiantes han convocado una movilización conjunta para pedir la retirada de la ley.