La Fiscalía del TPI retira los cargos contra el presidente keniano

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, retiró los cargos contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, que iba a ser juzgado por presuntos crímenes contra la humanidad.

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, retiró hoy los cargos contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, que iba a ser juzgado por presuntos crímenes contra la humanidad, según ha notificado la gambiana al alto tribunal, informa Efe.

La oficina de la Fiscalía ha tenido que tomar esta decisión dada la falta de pruebas suficientes para juzgarle por los actos criminales que se le iban a imputar y aquejando la no cooperación del Gobierno del político africano.

Bensouda ha recordado, sin embargo, que la retirada de cargos no significa que más adelante puedan presentarse nuevos cargos contra Kenyatta.

Hace tan solo dos días que los jueces habían denegado a la fiscal un aplazamiento del juicio, ante las dificultades que experimentaba su oficina para investigar el caso, algo que ella achaca a la falta de cooperación del Gobierno keniano.

"La Corte ha dicho que no está suficientemente probado hasta este momento que los actos criminales con los que se le relaciona (a Kenyatta) puedan ser probados en términos de duda razonable", escribe la fiscal en su notificación.

"Por esta razón, a la luz de la negativa de la sala a conceder un aplazamiento hasta que el Gobierno keniano coopere según sus obligaciones establecidos en el Estatuto de Roma, la Fiscalía retira sus cargos", añade el texto.

Betsouda recuerda que la retirada es sin prejuicio de la posibilidad de volver a imponer a Kenyatta "más adelante, y con base en los mismos o parecidos hechos y circunstancias nuevos, cargos si se obtienen suficientes evidencias".

En un comunicado, la fiscal justifica su decisión y quiere dejar claro que el Gobierno de Kenia no cumple con el Estatuto de Roma, que da base legal al tribunal del sistema de Naciones Unidas.

"No solo han impedido el trabajo de la Fiscalía, sino también en último término la capacidad de la CPI de llevar a cabo su función dada en el mandato de buscar la verdad", añade.

"He insistido en mis intentos de asegurar la cooperación del Gobierno keniano. Pruebas documentales cruciales de la violencia postelectoral solo es accesible para la Fiscalía en Kenia y por tanto con la cooperación del país", apunta.

La Fiscalía de la CPI acusaba a Kenyatta de haber orquestado y financiado las turbas que en 2007 protagonizaron la grave ola de violencia postelectoral vivida en el país, cuando ostentaba el cargo de viceprimer ministro y titular de Finanzas.

En estos altercados murieron unas 1.300 personas y más de 600.000 se vieron obligadas a dejar sus hogares.

Kenyatta y su vicepresidente, William Ruto (sobre quien pesan cargos similares), fueron elegidos en los comicios de marzo de 2013, que, a diferencia de los que se registraron a finales de 2007, se desarrollaron en general de forma pacífica.

Con la victoria de Kenyatta, Kenia se convirtió en el primer país que ha elegido como jefe de Estado a un candidato procesado por la CPI y en el segundo país, después de Sudán, dirigido por un presidente en activo que afronta un juicio de esa corte con sede en La Haya.