La inmigración en Reino Unido se reduce a su nivel más bajo en tres años

La incertidumbre generada tras el referéndum y las amenazas del Gobierno británico obligan a los extranjeros a buscar otros destinos. Llegan menos y se van más, sobre todo de los países del Este.

El efecto era esperado a ambos lados del Canal de La Mancha, pero quizás no de manera tan rápida y drástica. La inmigración neta en Reino Unido ha bajado en 81.000 personas en los últimos doce meses, situándose en 246.000 personas. Es el nivel más bajo registrado en los últimos tres años, según informó ayer la Oficina Nacional de Estadística británica (ONS por sus siglas en inglés). De esa cifra de inmigración neta, 127.000 llegadas corresponden a ciudadanos comunitarios, lo que supone una bajada de 51.000 frente al periodo anterior.

Tras conocerse que la diferencia entre los ciudadanos no británicos que llegan al Reino Unido y los que se van ha disminuido drásticamente, muchos analistas no tardaron en señalar al Brexit como principal causa de este descenso. Nicola White, una de las portavoces de la ONS, aseguró ayer que «aún es pronto para saber si se trata de una tendencia a largo plazo», aunque parece que «el referéndum europeo –celebrado el 23 de junio de 2016– podría estar influyendo en las decisiones de la gente de migrar dentro y fuera de Reino Unido». A la caída del número de inmigrantes hay que sumarle además un aumento de 33.000 ciudadanos de la Unión Europea que abandonaron suelo británico, hasta situar el dato en 122.000, el más elevado en una década. Dentro de este grupo de personas, la ONS ha destacado que 17.000 pertenecen a países que se sumaron al bloque comunitario en 2004: ciudadanos de República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, que encontraron en las islas una fuente de empleos bien remunerados, empiezan a coger las maletas.

Viendo estas cifras, parece que Theresa May está cumpliendo una de las promesas más importantes que hizo el Gobierno conservador cuando acudió a las elecciones: reducir el saldo migratorio por debajo de las 100.000 personas anuales, entendiendo esta cifra como «niveles sostenibles» de inmigración, mucho antes de que se materialice el Brexit. Éste fue uno de los factores clave del referéndum y la obsesión de los conservadores por reducir este número –ya lo intentó el antecesor de May, David Cameron, durante su legislatura– ha encontrado un nuevo blanco, los estudiantes extranjeros.

Según la ONS, el 97% de los estudiantes procedentes de países de fuera del bloque que entraron en el país ya se han marchado y Amber Rudd, ministra del Interior, quiere averiguar qué pasa con ese tres por ciento restante cuyos visados han expirado. Por ello ha puesto en marcha una investigación, pese a que el sector de la educación es clave en la economía británica, sobre todo la educación superior; por eso el ministro de Finanzas, Philip Hammond, el titular de Comercio internacional, Liam Fox, y el ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, tres compañeros en el revuelto gabinete británico, mostraron ayer públicamente su oposición a la postura de Rudd. Los tres reconocen que los estudiantes extranjeros son vitales para la economía y lo serán aún más tras el Brexit.

Aunque Reino Unido no saldrá de la Unión Europea hasta marzo de 2019, el Brexit ya ha está dejando patentes sus primeras secuelas. A la drástica bajada de inmigrantes se le suma la caída de la libra esterlina, que está en su nivel más bajo desde octubre de 2009 frente al euro. La incertidumbre sobre el futuro del país aumenta en los mercados internacionales y está lastrando el valor de la moneda británica, que no ha dejado de caer desde que mediados del año pasado «triunfara» el Brexit. Los expertos ven la conexión entre esta depreciación y la bajada de inmigrantes, ya que la situación actual de la libra hace que se reduzca el valor de los salarios. La caída de la moneda británica perjudica, además, a la lucha contra la inflación.

A estos malos síntomas se une el decaimiento económico: el PIB de Reino Unido creció un 0,3% en el segundo trimestre de este año, lo que mantiene al país a la cola de la expansión de las grandes economías mundiales y europeas en particual –justo por debajo del 0,4% de Italia y el 0,5% de Francia y muy lejos del 1% de Japón).

Aunque el Gobierno intenta quitar hierro al asunto, las empresas muestran su descontento y preocupación ante este asunto. Ayer, un portavoz de la patronal británica CBI apuntó en un comunicado publicado por medios locales que «la pérdida de estas habilidades vitales deberían preocuparnos a todos». Y no ha sido el único: la industria agroalimentaria –una de las mayores del país– y el sector hostelero –cuyo personal está en su gran mayoría compuesto por trabajadores inmigrantes– se han unido a esta alarma y aseguraron que ya están empezando a notar «una escasez de mano de obra». Según la BBC, el Consorcio Minorista Británico (BRC) y la Federación de Alimentos y Bebidas del país han publicado una encuesta en la que se señala que el 31% de las empresas y consorcios han informado de la salida de ciudadanos europeos desde el referéndum, el 36% de los encuestados considera que sus negocios serían «inviables» si no pueden contar con trabajadores europeos y el 17% reconoce que tendría que buscar una nueva ubicación fuera del país. Hay que señalar que en Reino Unido la alta inmigración ha sido un componente crucial en el crecimiento económico desde que estalló la crisis financiera.