La Justicia imputa a Sarkozy por el «caso Bettencourt»

El ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy fue imputado ayer por abuso de debilidad en el caso de la multimillonaria Liliane Bettencourt, dentro de la investigación abierta sobre la supuesta financiación ilegal de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007.

El ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy fue imputado ayer por abuso de debilidad en el caso de la multimillonaria Liliane Bettencourt, dentro de la investigación abierta sobre la supuesta financiación ilegal de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007. El ex jefe de Estado, que hasta ahora gozaba del estatus de «testigo asistido», compareció ante el Palacio de Justicia de Burdeos durante varias horas, en las que mantuvo un careo con el mayordomo de Bettencourt, Pascal Bonnefoy. Los jueces querían determinar ayer cuántas veces visitó su domicilio durante la campaña, con el objetivo de determinar si abusó de la debilidad de la octogenaria heredera del imperio cosmético L'Oréal para conseguir fondos.

El abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, calificó la decisión de imputar al ex presidente francés de «incoherente en sentido jurídico e injusta», en declaraciones a la agencia France Presse. Herzog anunció que acudirá al tribunal de apelación de Burdeos para presentar un recurso y pedir la nulidad de la actuación judicial.

La noticia ha provocado un aluvión de reacciones en el seno de la derecha francesa y entre antiguos miembros del Gobierno. Así, la presidenta del Partido Demócrata Cristiano y ex ministra de Sarkozy, Christine Boutin, mostró en Twitter su «sorpresa y decepción» por la decisión judicial. La misma red social han usado otros colegas de la UMP, como Christian Estrosi, alcalde de Niza y ex ministro de Industria, que denunció los «métodos con tufillo político evidente» y confió en que la Justicia «no permita que se instrumentalice mucho tiempo este asunto».

Mientras, la presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen, consideró los hechos «particularmente graves» y advirtió de que, aunque prevalece la presunción de inocencia, Sarkozy «no puede en ningún caso seguir siendo miembro del Consejo constitucional». «Su situación judicial le impide ejercer esta función con la imparcialidad y la neutralidad que se requieren», apuntó.

Desde las filas socialistas, su portavoz del PS recordó que «la Justicia hace su trabajo y tiene que seguir haciéndolo con toda serenidad, como con otro justiciable».

La Justicia abrió en julio de 2010 una investigación preliminar sobre la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de 2007. La apertura coincidió con nuevas revelaciones de aportaciones a la Unión por un Movimiento Popular difundidas por «Le Monde».

En noviembre de 2012 y tras un interrogatorio de más de 12 horas en el Palacio de Justicia, Sarkozy se libró de una imputación judicial y acabó con el estatus de testigo asistido. Ello reflejaba que no se habían encontrado pruebas suficientes contra él por supuesto abuso de debilidad sobre la heredera del imperio cosmético, pero dejaba abierta la puerta a una interrogación. La sospecha de que pudo aprovecharse de los problemas mentales de Bettencourt para sacarle dinero partió del testimonio de la ex contable de Bettencourt, Claire Thibout. Ésta en 2010 declaró a la Policía que tres años antes el administrador de la familia, Patrice de Maistre, le pidió 150.000 euros en efectivo para entregárselos al tesorero de la campaña electoral de Sarkozy, Eric Woerth. Según las agendas confiscadas en el despacho y el domicilio de Sarkozy, éste se reunió varias veces con Bettencourt. Efe