Los Comunes debaten la ley de ruptura con Europa

La primera ministra británica, Theresa May, se enfrenta a su primer test del Brexit con el trámite de la Ley de Gran Derogación que trasladará el cuerpo legal de la UE a la legislación británica. La oposición liderada por el laborismo recela del proceso que otorga excesivos poderes al Ejecutivo.

La Ley de Gran Derogación es una ley propuesta por el Gobierno británico y anulará el Acta de Comunidades Europeas de 1972 poniendo así fin a la preminencia de las leyes de la UE sobre la legislación de Reino Unido. Esta ley, que se aplicará una vez que el país abandone el bloque comunitario, es, como el diario británico «The Times» define un «corta y pega» de las leyes europeas, puesto que las leyes comunitarias se «copiarán» y pasarán automáticamente a componer la legislación británica. El objetivo de esta ley es evitar el «vacío legal» que podría crearse tras el Brexit, previsto para el 29 de marzo de 2019. El gran dilema que suscita la Ley de Derogación es que muchas leyes necesitarán ser reajustadas –porque hagan referencia, por ejemplo, a tratados o derechos europeos– y el Gobierno de May ha propuesto que todos estos cambios se hagan sin necesidad de pasar por el Parlamento británico, amparándose en lo que se conoce como los «poderes de Enrique VIII». Ayer el Parlamento debatió el futuro de esta ley que no ha hecho más que recrudecer la guerra entre laboristas y conservadores y aumentar la batalla interna entre la bancada Tory.

La oposición desconfía totalmente del Gobierno y teme que May pueda abusar de esta posición ventajosa. Keir Starmer, portavoz para el Brexit del Partido Laborista, aseguró ayer durante el debate en el Parlamento británico que esta ley rebajaría a los parlamentarios a «meros espectadores» y supondría una «apropiación de sus poderes». Además, permitiría a los conservadores implementar ciertos aspectos en las leyes sin tener que consultar a las cámaras por lo que podrían manejar la salida del país a su antojo. Los laboristas, que «respaldan el Brexit» aseguran que votarán en contra de esta ley.

David Davis, ministro conservador del Brexit, que describió el debate como el siguiente paso en el «histórico proceso» de honrar la decisión del referéndum, pidió a todos los partidos que trabajasen con el Gobierno conservador con «espíritu colaborativo». Davis, consciente de la desaprobación de los demás partidos a la Ley de Gran Derogación, justificó esta futura normativa como algo necesario para que Reino Unido deje a la Unión Europea de una manera «tranquila» y «proporcionando estabilidad». La incertidumbre ante esta situación está causando estragos en la economía británica que ya está pagando las primeras consecuencias del Brexit: inflación y bajada de la libra. Por todo esto, Davis recalcó ayer en el Parlamento que la Ley de Derogación dará estabilidad al sistema legal británico y ofrecerá «certeza a las empresas, consumidores y ciudadanos en todo el Reino Unido».

El ministro del Brexit aprovechó también para acusar a los laboristas de «tergiversar» las palabras de los conservadores siendo esto muy «imprudente» y, en una clara alusión al partido de Jeremy Corbyn, aseguró que los ciudadanos británicos no perdonarían al Parlamento el hecho de que intenten retrasar el proceso de divorcio del bloque comunitario.

A la primera ministra británica, Theresa May, que acudió al inicio del debate, se le presenta un inicio de curso «complicado» ya que las principales formaciones de la oposición, con los laboristas a la cabeza, han avisado ya de su rechazo a esta ley. Los próximos días supondrán un auténtico quebradero de cabeza para May ya que a esta oposición hay que sumarle que algunos diputados de su propio partido han demostrado también su descontento y han amenazado con presentar enmiendas.

El proyecto se votará el próximo lunes en la Cámara de los Comunes y será sometido a un periodo de enmiendas antes de que se vote definitivamente en ambas cámaras. Aunque aún no se ha detallado la fecha concreta de la que sería la última votación, el Gobierno británico quiere acelerar el proceso de la ley estableciendo límites temporales al debate.

Poco a poco el Ejecutivo británico empieza a poner las cartas sobre la mesa y a mostrar el futuro que quiere para Reino Unido fuera de la UE. Ayer en la Cámara de los Comunes, David Davis también se encargó de aclarar algunos aspectos sobre las negociaciones: Reino Unido tampoco quiere mantenerse en el Espacio Económico Europeo (EEE) y ni ser miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), a la que pertenecen Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. Davis describió esto como «el peor de los escenarios posibles», y aseguró que ser miembros de EFTA les obligaría a seguir bajo legislación europea y a mantener la libertad de movimiento de ciudadanos Europeos por lo que «sería más complicado que beneficioso» para el país. El ministro de salida admitió que se llegó a plantear el modelo de estos países escandinavos como alternativas de futuro para Reino Unido pero se descartó por mantenerse bajo el área de influencia europea. El Gobierno británico también dejó claro que abandonará el mercado común y la unión aduanera comunitaria con la UE. Un punto en el que también colisionarán con el Labour.