Maduro activa una cacería de diputados opositores tras el alzamiento fallido

El Tribunal Supremo abre un juicio contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional y seis parlamentarios.

Ha pasado una semana desde el madrugonazo militar contra Nicolás Maduro, uno que no produjo el resultado esperado de deponer al gobernante. Pero sus consecuencias se evidencian día a día, y no solamente porque ya el gobierno ha sustituido a los jefes de la policía política, de la policía nacional y hasta de las letales Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), consideradas un grupo de exterminio por defensores de derechos humanos.

También se han activado los mecanismos jurídicos para ir contra los diputados que estuvieron acompañando y apoyando el pronunciamiento de los soldados el 30 de abril, y saludando la fuga de Leopoldo López, el preso más emblemático de Maduro.

Ya la semana pasada, el Tribunal Supremo en Sala Plena había decidido activar un juicio inmediato contra el parlamentario Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional que encabeza Juan Guaidó. Lo hizo luego de una reunión imprevista, convocada de manera irregular y con los magistrados asistiendo a firmar un fallo del que no conocían el contenido.

Así lo denunció entonces la magistrada Marisela Godoy, quien abandonó el lugar salvando su voto. Pero el TSJ publicó la decisión e incluyó su firma, así como la de Danilo Mojica, quien estaba fuera del país y tampoco asistió.

Este martes, el Supremo ha repetido la acción pues ha aprobado de manera exprés el enjuiciamiento de al menos seis diputados más: Henry Ramos Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes, Simón Calzadilla, Américo De Grazia y Richard Blanco. Se ha hecho sin anuncio y con el voto salvado de Mojica y la ausencia de Godoy, por estar de viaje fuera del país, y violando lo establecido en las leyes pues se debe pasar antes por un antejuicio de mérito y por un levantamiento de la inmunidad parlamentaria, una competencia exclusiva del propio poder legislativo.

El Supremo incluyó a Andrés Delgado Velásquez, quien ni siquiera es diputado y no amerita pronunciamiento de la Sala Plena.

Los delitos imputados son traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y odio continuado. Eso sí, Juan Guaidó no fue incluido.

Se cumplieron así las amenazas de Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del chavismo, quien anunció el domingo que los diputados que se vieron acompañando a militares el 30 de abril serían “llevados a la justicia”. En este caso, a un Tribunal Supremo encabezado por Maikel Moreno quien, según todas las investigaciones periodísticas, confesiones de involucrados y revelaciones de la Casa Blanca, participaba de la componenda contra Maduro que resultó fallida.

Entretanto en el parlamento el acoso era otro. Este martes, día de sesión, el edificio amaneció rodeado por Guardia Nacional y por colectivos chavistas. A la prensa le fue impedido el acceso y el servicio eléctrico fue cortado. Algunos reporteros pudieron dar cuenta de lo que pasaba adentro, pues entraron como asistentes parlamentarios. Una planta eléctrica debió ser activada para encender los equipos de sonido y concretar la discusión.

La sesión transcurrió a oscuras y los diputados decidieron condenar el allanamiento a la inmunidad parlamentaria –otro diputado, Gilber Caro, está preso desde hace 10 días–. Además, se inició el proceso para reincorporar a Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), del cual el país se retiró en 2013 cuando aún mandaba Hugo Chávez.

El TIAR incluye entre sus previsiones la defensa mutua en caso de agresiones y, también, para atender riesgos a la defensa regional. Algunos analistas afirman que es un paso importante de cara a una posible solicitud de intervención militar externa, algo que el propio chavismo denuncia, en voz de su representante ante la ONU, Samuel Moncada.