Paul Bismuth atrapa a «Sarko»

El ex presidente cuestiona la legalidad del sistema de «escuchas derivadas» creado por la magistratura que destapó el teléfono clandestino que usaba con su abogado

Al otro lado de la línea telefónica alguien se identifica como «Paul». Es el sobrenombre que durante meses Nicolas Sarkozy ha utilizado para comunicarse con su abogado a través de un número secreto. Un segundo móvil de prepago contratado bajo una identidad falsa: «Paul Bismuth». El nombre, en realidad, existe. Es el de un antiguo compañero de instituto de Thierry Herzog, el letrado y amigo del ex presidente.

Cuando la Justicia ordena pinchar esta línea oficiosa, el 19 de septiembre de 2013, los policías llevan dieciséis días escuchando al ex presidente en su número oficial. Faltos de pruebas, los magistrados que instruyen la investigación abierta en abril de ese año sobre una presunta financiación de la victoriosa campaña electoral de Sarkozy en 2007 con fondos de Muamar Gadafi quieren obtener alguna información que engrose y haga prosperar sus pesquisas. Pero las conversaciones de «Sarko» no llevan el agua al molino de los investigadores. Lo poco locuaz que se muestra con su abogado y los lacónicos contactos que ambos mantienen despiertan, sin embargo, las sospechas. A los pocos días, el rastreo de los agentes da sus frutos: la segunda línea sale a la luz. Nicolas Sarkozy se sabe escuchado y por eso su abogado busca una alternativa. «Temía, y con razón, que hubiera escuchas salvajes o ilegales», confiaba Herzog a «Le Monde» en marzo pasado. «Hice lo necesario para poder conversar con Sarkozy sin ser escuchado, y no me faltaba razón al hacerlo», explicaba entonces defendiendo el derecho de confidencialidad entre un abogado y su cliente. ¿Cómo supo el político conservador que su teléfono estaba pinchado? La Justicia está en ello, aunque es de imaginar que los contactos del ex presidente son numerosos y muy útiles. Pero las nuevas revelaciones que ese móvil secreto arroja es lo que más intriga a los investigadores. Un supuesto «tráfico de influencias» que en febrero daba lugar a la apertura de una nueva investigación por parte de la Fiscalía Financiera y que ha llevado esta semana a la imputación de Sarkozy por ese cargo y por «corrupción activa». «Cargos grotescos», se defendía, vehemente, este miércoles el político galo en su primera entrevista desde la derrota electoral de 2012. Como con su anterior imputación, en el llamado «caso Bettencourt», espera que ésta acabe desembocando en un sobreseimiento por falta de pruebas. El conservador rechaza todo tráfico de influencias y niega haber tratado de corromper a ningún alto magistrado para obtener informaciones sobre otros procedimientos en curso contra él en el Tribunal Supremo durante 2013. El susodicho magistrado, Gilbert Azibert, a punto de jubilarse, esperaba un retiro dorado en Mónaco, pero nunca lo obtuvo. Tanto él como el abogado de Sarkozy, por ejercer supuestamente de intermediario, han sido igualmente imputados. Los pinchazos telefónicos se prolongaron durante seis meses. El antiguo jefe del Estado, que denuncia un complot político-judicial contra él, está convencido de que a falta de encontrar indicios incriminatorios sobre la financiación libia, estiraron las escuchas hasta dar con algo con que poder comprometerle y frustrar un eventual retorno a la política. Un sistema de «escuchas derivadas» cuya legalidad Sarkozy está dispuesto a cuestionar. Con el mismo vigor con que contesta la imparcialidad de una de las juezas instructoras, abiertamente «antisarkozysta» y afiliada al sindicato de la magistratura, afín a la izquierda. Como todo imputado, tiene la posibilidad de recurrir su inculpación e incluso revocar la designación de las dos magistradas del caso. Acciones legales que dijo «reservarse» y que podría interponer en las próximas semanas.

Pero los embrollos judiciales, lejos de postrar a la fiera política que es Nicolas Sarkozy, le han obligado a ponerse al frente y acelerar previsiblemente el calendario de su regreso a la vida pública. Desde ese terreno, desde el que aspira a ganar la presidencia de la maltrecha UMP, como paso previo a la conquista del Elíseo en 2017, también librará la batalla contra el «poder socialista» que manejaría los hilos de un sector de la Justicia «instrumentalizado» y «politizado». Un regreso que fragiliza el consenso dentro de la UMP, donde algunas corrientes internas abogan por cerrar la página del «sarkozysmo». Sin embargo, la militancia está con él. Los partidarios de la «derecha fuerte», movimiento mayoritario de la UMP, también. Ayer, celebraban la segunda edición de la «Fiesta de la Violeta», con pancartas de apoyo a su campeón y Carla Bruni en fondo musical. Una suerte de «Sarko pride» para gloria del ex presidente, con figuras como la ex ministra Rachida Dati. «Nuestro objetivo es la regneración y el regreso de Nicolas Sarkozy», comentaba el cofundador de dicha corriente, Geoffoy Didier.