Trump planea llevar miles de migrantes a ciudades rebeldes

Las urbes «santuario» se oponen a la política migratoria de la Casa Blanca y protegen a los «sin papeles».

Los viernes de Donald Trump son viernes de gloria. Eufórico por la proximidad del fin de semana, generalmente a punto de viajar a Mar-a-Lago (Florida), rara vez decepciona. Este viernes, sin ir más lejos, apuntó contra las llamadas ciudades santuario. Enfrente de los reporteros convocados a la Casa Blanca, el presidente disparó sin contemplaciones.

Si los alcaldes y concejales de esas grandes ciudades y distritos aspiran a llenar sus calles de inmigrantes, si no les importa la supuesta emergencia nacional que al parecer amenaza con desbordar la frontera, si mantienen su reto frontal a sus políticas, ya puede respirar tranquilos: su gobierno está dispuesto a entregarles «un suministro ilimitado» (de personas, sí). «Siempre están diciendo que tienen los brazos abiertos», añadió, «A ver si es verdad que tienen los brazos abiertos».

Pero, ¿qué son las ciudades santuario y por qué atraen de forma periódica la ira presidencial? Hablamos de la mayoría de las grandes urbes estadounidenses, de Nueva York a Los Ángeles pasando por Chicago. Bueno, en realidad, en el caso de la megaurbe, el santuario se extiende a todo el Estado. En todos esos lugares rige una política de gran tolerancia hacia los inmigrantes indocumentados.

Para empezar, la Polícia no pregunta por su estatus migratorio si son detenidos. Asunto distinto es que tengan antecedentes penales y/o sean sospechosos de haber cometido algún delito grave. El término santuario, más literario que jurídico, quedó consagrado hace décadas, cuando los alcaldes reconocieron en la práctica las protecciones para una inmensa masa de población sin papeles, decisiva para las economías locales. Hace meses que Trump, desesperado por la imposibilidad de sacar adelante la reforma migratoria en los términos que ambiciona, ya amenazó con estrangular los fondos federales a estas ciudades. Su intimidación no acabó por concretarse en nada sustancial.

Ahora Trump insiste. Y la respuesta de sus rivales ha estado a la altura. El alcalde de Boston, Marty Walsh, comentó que «ni siquiera sé si el presidente sabe de qué está hablando. No tengo idea de lo que quiere decir». El regidor parecía deleitarse en la contradicción. Por un lado la Casa Blanca distribuye la consigna de una frontera agujereada y el presidente insta casi a diario a cerrar las puertas. Por otro lado «¿ahora va a dejar a la gente en ciudades alrededor de los Estados Unidos?».

Trump, entre tanto, lamenta los ataques que le dedica la prensa. El último cortesía de la NBC, que «afirma que he ofrecido indultos a los funcionarios del Homeland Security si infringen la ley con respecto a la inmigración ilegal y las ciudades santuario». «Por supuesto esto no es cierto», ha escrito en Twitter, «y los medios ''mainstream'' son unos corruptos y están empeorando, si es que eso es posible».

A nadie se le escapa que el Servicio de Inmigración tiene grandes problemas para albergar debidamente a todas las personas que permanecen a la espera de que se resuelvan sus expedientes de inmigración. En numerosas ocasiones los llamados ilegales acaban libres a fin de que las autoridades puedan centrarse en los casos más conflictivos. La incapacidad para alcanzar un acuerdo bipartidista mantiene estancada la legislación migratoria desde hace años. Trump tampoco ha logrado sacar adelante su muro con México: nadie sabe nada más allá de las bravatas de rigor y del veto del Congreso.

Kim Driscoll, alcalde de Salem, citado por «The Boston Globe», lamentó que la política nacional, en materia de inmigración, acabe embarrada en salvas pirotécnicas y pura demagogia, cuando el país necesita «una reforma migratoria integral». Lejos de lograr algo así Trumpo habría dedicado estos tres años a «meter a las personas en jaulas» y «separar a los padres y las familias y los niños». La última salva presidencial, enfatizó, dista mucho de ser «una política de inmigración», al tiempo que la calificaba de «triste, decepcionante y, de nuevo, divisiva».

Una agencia de turismo

En realidad la idea es algo peor que desalentadora. Para empezar porque el Servicio de Inmigración carece de los fondos necesarios para desarrollar una operación de tanto calado. En segundo lugar, porque las asociaciones de derechos civiles y de defensa de los inmigrantes replicarían con una batería de demandas de difícil respuesta legal, especialmente si durante el transcurso de los desplazamientos alguno de los inmigrantes sufriera daños.

Pero sobre todo porque de cumplirse el plan trumptiano, el Servicio de Inmigración acabaría por ser algo así como una agencia de turismo a cuenta del contribuyente. No sólo que falta dinero e infraestructura. Para colmo, como ha explicado Maria Sacchetti en «The Washington Post», «también significaría recolocar a los detenidos en ciudades que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración, lo que se traduce en que podría ser muy difícil arrestarlos nuevamente».