El ex "número dos" de Marlaska estrena la "súper puerta giratoria" de los jueces

El BOE de ayer certifica la adscripción del magistrado Rafael Pérez, ex secretario de Estado de Seguridad con Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, a la presidenta del Tribunal Supremo durante un plazo de dos años (con efecto desde el pasado 4 de junio) «sin ejercer funciones jurisdiccionales», «sin merma» en su retribución como juez cuando dio el salto a la política y «pudiendo concursar a otros destinos», manteniendo su situación administrativa de servicios especiales, según acordó la Comisión Permanente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) el 10 de junio.

El que fuera «número dos» de Grande-Marlaska estrena así la conocida como «súper puerta giratoria» para los jueces que deciden cambiar la toga por la política, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que entró en vigor el 2 de agosto del pasado año mediante la Ley Orgánica 3/2024. Ese cambio legal modificó el artículo 358.3 de la LOPJ, que regula la reincorporación a la carrera judicial de los magistrados en situación de servicios especiales que han ejercido un cargo político.

Esa reforma estipula que quienes se encuentren en esta situación –como le sucede a Rafael Pérez tras su renuncia «por motivos personales» al cargo el pasado 28 de mayo después de más de cinco años en el equipo de Grande-Marlaska, primero como jefe de gabinete– continuarán en situación de servicios especiales durante dos años. En ese tiempo, especifica, no ejercerán funciones jurisdiccionales pero no verán disminuir los emolumentos que percibían como magistrados cuando dejaron la carrera judicial para meterse en política y podrán concursar a otros destinos.

Las asociaciones, críticas con las "puertas giratorias"

El nuevo artículo 358.3 pasó a disponer que los cargos políticos o de confianza de cargos públicos de ámbito europeo o estatal deben quedar adscritos a la Presidencia del Tribunal Supremo. Mientras que los altos cargos de ámbito autonómico o local quedarán adscritos al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma de su último destino.

Una vez transcurrido ese plazo, tienen derecho a reintegrarse a su plaza en la judicatura o a la que se le haya adjudicado por concurso o, si así lo prefieren, «a ser destinados a una vacante de su categoría en la provincia o comunidad autónoma donde prestaran servicios antes de su excedencia».

Las asociaciones judiciales han sido muy críticas con las «puertas giratorias» que facilitan el regreso a la judicatura de los miembros de la carrera judicial que han optado por dar el salto a la política porque entienden que malogran la percepción ciudadana de independencia judicial.

"Dos años sin ejercer como juez y cobrando un sueldo"

Algunas de ellas, como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, defienden incluso que quien abandona la carrera «no debe volver porque afecta a su apariencia de imparcialidad, que estaría quebrada para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales», tal y como apunta su portavoz, el magistrado Sergio Oliva. «Por si fuera poco, se les computa su antigüedad y, ahora, se les permite estar dos años sin ejercer como juez y cobrando un sueldo», se queja. Aunque matiza que impedir el regreso a la judicatura debería aplicarse solo a altos cargos políticos y no «a aquellos profesionales que dejen de lado sus puestos en Justicia para desempeñar alguna labor técnica».

Año y medio antes de la renuncia del que era «mano derecha» del ministro del Interior, Koldo García adelantó el cese a Santos Cerdán en una conversación grabada por el que fuera asesor de Ábalos en Transportes. «No aguanta más», le trasladó al dirigente socialista. Tal y como han puesto de relieve los audios analizados por la UCO, el 12 de diciembre de 2023, con Ábalos y Koldo ya fuera del ministerio, este último se reunió con Santos Cerdán y ambos se mostraron preocupados por la forma más segura de comunicarse para que sus conversaciones no fueran interceptadas. Es entonces cuando Koldo –que sería detenido dos meses después– asegura a Santos Cerdán: «Rafa se quiere ir». «No sé si te lo habrá dicho ya, me lo dijo a mí», afirma. «Dijo que se quería ir, porque no aguantaba más, como magistrado que es», añadió.