Un sistema de salud en estado crítico

En menos de 24 horas, siete recién nacidos murieron en el Hospital Luis Razetti de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela. En la madrugada del jueves 13 al viernes 14 de abril hubo un apagón provocado por la crisis eléctrica nacional y los respiradores artificiales del área neonatal donde se encontraban los bebés dejaron de funcionar. Los médicos de turno intentaron rescatarlos bombeando aire de forma manual. Pero no todos lo lograron. Siete pequeñas vidas se apagaron.

El caso del centro hospitalario oriental no es aislado en la Venezuela de 2016. Dos meses antes, al otro lado del país, seis recién nacidos fallecieron en el Hospital Central de San Cristóbal, en el estado fronterizo de Táchira, en cuestión de cuatro días. En febrero de este año, sólo 11 de 40 incubadoras funcionaban en el departamento neonatal. No había respiradores artificiales, guantes ni medicinas especiales como sulfatán pulmonar para atender a los prematuros. El testimonio de una médica residente de pediatría es elocuente: «Por falta de insumos mueren de 3 a 4 recién nacidos cada día. Se nos están muriendo como pollitos porque no tenemos surfactante pulmonar para atender a bebés que podrían haber salido vivos de este hospital. Aquí estamos haciendo medicina de guerra».

El colapso de los hospitales venezolanos es una de las fracturas más evidentes, aunque no la única, de la arruinada salud pública en Venezuela. Un padecimiento que se remonta incluso a años anteriores a la llegada del chavismo, pero que en los últimos tres años ha tomado visos de terapia intensiva nacional.

Un pantallazo del estado de los centros hospitalarios públicos lo presenta el informe de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y la organización de Derechos Humanos Provea en marzo de 2016: se enfrentan a un 70% de escasez en insumos básicos y médico-quirúrgicos; un 80% de desabastecimiento de medicinas; un 50% de disminución del personal médico; un 60% de paralización de equipos de diagnóstico y tratamiento y fallas constantes de energía eléctrica y agua.

Un reflejo del deterioro de la salud es el aumento de las muertes materno-infantiles, de cuya disminución se jactaba el Gobierno chavista como uno de sus mayores logros en materia sanitaria. Entre 2010 y 2014, el número de muertes de bebés menores de un año se incrementó un 42%, al pasar de 5.839 a 8.273, según datos del Boletín Epidemiológico del Ministerio para la Salud venezolano.

Sólo se conocerá la verdadera dimensión de la crisis en Venezuela cuando vuelvan a revelarse las cifras oficiales que certifican el colapso del sistema sanitario. Desde 2011, el Ministerio para la Salud venezolano no publica los anuarios de morbilidad y mortalidad y la última vez que el Instituto Nacional de Estadística reveló los indicadores del sector fue en 2013. Además, desde el 1 de noviembre de 2014, se suspendió la difusión del Boletín Epidemiológico semanal, radiografía del estado de salud del país que, a lo largo de seis décadas, reportaba 72 enfermedades de notificación obligatoria.

Sin embargo, en los últimos meses, casi a diario supuran los síntomas de un mal estructural que el bloqueo informativo oficial no puede ocultar. Singulares protestas de pacientes renales en sillas de ruedas obstaculizando rutas, madres de niños con cáncer, mujeres con cabezas rapadas y mascarillas, familiares de pacientes recientemente fallecidos por falta de fármacos, hemofílicos, transplantados renales, enfermos de VIH, todos con carteles de listas de medicinas faltantes y exponiendo sus comprometidos estados para gritar al mundo: en los hospitales y farmacias no quedan medicinas ni insumos médicos, los servicios son precarios y sus estados de salud empeoran. Cada vez peor.

Los reclamos no están extraviados. Tienen dirección. La administración del sistema de salud venezolano corresponde al Ministerio para la Salud y al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) que, aunque adscrito al Ministerio para el Trabajo, cuenta con una amplia red de hospitales, ambulatorios y la Farmacia de Medicamentos Alto Costo, que desde finales de 2015 no responde a los pacientes por medicamentos específicos que no llegan.

Las redes sociales se han convertido en una gran farmacia virtual en Venezuela. Miles de mensajes llenan las cuentas de Twitter y Facebook solicitando medicamentos que no se consiguen por los canales regulares. También denuncian la muerte por falta de medicinas.

Ni un recorrido por varias farmacias garantiza conseguir medicamentos de tratamiento primario como el acetaminofén para bajar la fiebre. Mucho menos los de mayor complejidad. Tampoco hay vacunas para los niños, lo que aumenta las posibilidades de contagio de enfermedades ya erradicadas en décadas pasadas. La escasez de medicinas alcanza el 80%, confirma la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven). Una cifra que por sí sola habla de anaqueles casi vacíos. Enfermarse en Venezuela podría convertirse en la peor maldición moderna.

A la crisis de la salud, se suma otra coyuntura sin remedio inmediato: 13.000 médicos venezolanos han emigrado, alerta la Federación Médica Venezolana. Bajos sueldos, inseguridad y ofertas en el exterior entre las causas de la diáspora médica.

Los planes sociales que inició el fallecido presidente Hugo Chávez también están menguados. La Misión Barrio Adentro, una red de consultorios populares lanzada en 2003 para atender gratuitamente en barriadas, poblados rurales y caceríos, ha recibido 28 millones de dólares a lo largo de 13 años pero hoy el 80% de sus instalaciones están inoperativas, según la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. En un intento por relanzar uno de los programas de asistencia bandera del chavismo, en abril, Maduro anunció el reimpulso con la ampliación de su presencia a todo el país. Ante la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la infraestructura sanitaria, en enero la Asamblea Nacional (AN) en sesión extraordinaria declaró a Venezuela en «crisis humanitaria». Esto implicaba gestionar 150 medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, volver a publicar el Boletín Epidemiológico y exhortar al Ejecutivo a permitir la llegada de medicamentos desde el extranjero sin fines comerciales.

Pero en febrero, Nicolás Maduro negó la crisis humanitaria: rechazó la iniciativa propuesta por la AN para acceder al Fondo Rotatorio-Estratégico de Medicinas de la Organización Mundial de la Salud, que brinda medicamentos subsidiados en situaciones de emergencia. No conforme, en mayo, el mandatario prohibió a la organización religiosa Cáritas España la distribución de medicinas y equipos médicos entre los sectores más humildes. En medio de la peor crisis de salud de la historia reciente de Venezuela, el Gobierno ha dejado claro su posición política: bloquea toda ayuda sanitaria que venga del exterior.

Otro intento por proteger a los niños afectados por la escasez de medicamentos pediátricos en el país fue truncado por el Poder Judicial. Una medida preventiva para garantizar los bienes esenciales a los más pequeños como obligación del Estado, presentada por la organización Asociación Civil Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) fue rechazada por los tribunales. Alegaron falta de pruebas.

Detrás del comatoso estado del sistema de salud venezolano se encuentra la incompetencia de las autoridades, pero también la corrupción. La ex ministra de Salud, Eugenia Sader Castellanos, fue imputada por el Ministerio Público en junio de 2014 por tres delitos: peculado doloso propio, sobregido presupuestario y asociación para delinquir. Su gestión, entre mayo de 2010 y abril de 2013, fue salpicada por escándalos en la compra pública de medicamentos en el extranjero y la construcción de hospitales especializados que nunca llegaron a realizarse.

También resalta otro caso de irregularidades por parte del Instituto Venezolano de Seguro Social, que explicarían las razones de la crítica escasez en el sector salud. Una investigación publicada por www.runrun.es en noviembre de 2015 revela como el IVSS, presidido por el general Carlos Rotondaro, privilegió a una sola familia de contratistas con la asignación de 455 millones de dólares preferenciales para la compra de insumos médicos en el exterior, sin pasar por los procesos licitatorios como obliga la legislación.

Quien más padece la crisis sanitaria es el venezolano de a pie, aquel que no puede comprar medicamentos fuera o viajar para someterse a tratamientos en el exterior. «Por favor ayúdennos. Mi hija quiere que yo viva. Mi vida me la quita Dios, no un grupo de incompetentes y corruptos. Esto es tan criminal como agarrar una pistola y darle un tiro a alguien», clamó Mildred, una paciente de cáncer de mama en riesgo por no encontrar medicamentos, durante una manifestación en Caracas en marzo. Al igual que el cáncer, la crítica salud de Venezuela no espera.

Censura total

Lisseth Boon. Periodista de investigación de www.runrun.es

Con más de 20 años de experiencia en diarios, revistas y medios digitales en Venezuela, Lisseth Boon formó parte de la unidad de investigación del diario «Últimas Noticias» (ex Cadena Capriles), que realizó reportajes de gran impacto en el país. Su equipo fue ganador del Premio Internacional Gabriel García Márquez de Periodismo 2014 y del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2015 que otorga el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) con una investigación sobre los sucesos del 12 de febrero de 2013 en Caracas. Por ello se vio obligada a emigrar del medio impreso al digital, debido al avance de la censura en Venezuela. La unidad de investigación de «Últimas Noticias» fue desmantelada en 2014 a raíz del cambio editorial que marcó la venta de la corporación Cadena Capriles a grupos empresariales vinculados al Gobierno de Maduro.