El riesgo de la libertad

El caso de espionaje masivo de las comunicaciones revelado por Edward Snowden, miembro de la comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, ha puesto sobre la mesa el eterno debate entre libertad y seguridad: cuando los ciudadanos se sienten inseguros por la amenaza del terrorismo, piden a los gobernantes que tomen medidas para incrementar su sensación de seguridad; pero, cuando se sienten seguros y detectan que su libertad se está erosionando por las intromisiones de los servicios de seguridad y de inteligencia, piden a los políticos que aflojen la presión.

Sin embargo, ahora las tornas han cambiado. Los atentados cometidos por los hermanos Tsarnaev en Boston y la aparición de otros supuestos «lobos solitarios» en Reino Unido, Francia y España han elevado el estado de alarma entre los ciudadanos, que reclaman a sus gobernantes que hagan lo que tengan que hacer para acabar con esta amenaza. Por eso las gravísimas revelaciones de Snowden apenas han movilizado a la opinión pública. Las encuestas de momento no detectan que los ciudadanos estén preocupados ante la actividad de los servicios de inteligencia de EE UU, capaces de escrutar nuestras comunicaciones telefónicas y también a través de internet.

Otra cosa es la actividad política y diplomática, porque las instituciones europeas han puesto el grito en el cielo tras conocerse las revelaciones de Edward Snowden. El Parlamento Europeo y la Comisión han cuestionado la actividad de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, a la que piden que su actividad sea respetuosa con la legalidad. En su defensa, la NSA asegura que sus programas siempre respetan la Ley. Más aún, su director afirma categórico que se han evitado ataques terroristas gracias al espionaje tecnológico llevado a cabo no sólo por esta macroagencia, sino por la mayoría de servicios de inteligencia del llamado mundo occidental.

El programa de espionaje de las telecomunicaciones a nivel global existe desde hace décadas y es compartido, en mayor o menor medida, por todos los países miembros de la OTAN y la mayoría de aliados de EE UU. Merced a un pacto que se remonta a la II Guerra Mundial, Estados Unidos y Reino Unido operan conjuntamente este sistema, al que después se sumaron Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Durante toda la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días, estos cinco países han trabajado conjuntamente para blindar su hegemonía política, diplomática, militar y económica, sirviéndose de la información obtenida a través del espionaje tecnológico.

Denuncia de 2001

El pasado martes, el Parlamento Europeo aprobó una resolución reprochando a Estados Unidos que mantenga un programa de espionaje global capaz de entrometerse hasta tal punto en nuestras vidas que estaría atentando contra los derechos de los ciudadanos europeos. No era la primera vez que las instituciones europeas planteaban una queja similar a Washington. El 5 de septiembre de 2001, el Pleno de la Eurocámara denunció la existencia de una red global de espionaje de las comunicaciones denominada «Echelon» y operada por Estados Unidos y Reino Unido, con la cooperación de Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

En aquella resolución, el Parlamento Europeo recomendaba a los ciudadanos proteger sus comunicaciones telemáticas con programas de criptografía. Asimismo, pidió a los estados miembros de la UE que promovieran acciones para impedirlo. En el caso concreto de España, el 26 de marzo de 2002 el Ministerio de Ciencia y Tecnología publicó una recomendación oficial a los ciudadanos para que encripten sus correos electrónicos, aunque casi nadie prestó atención a esta sugerencia más allá de algunas empresas que manejan información delicada, como bancos y aseguradoras, y unos miles de ciudadanos especialmente sensibilizados con esta cuestión.

Si preguntamos en nuestro entorno, nadie o casi nadie utiliza programas o aplicaciones para proteger sus comunicaciones con criptografía. Seguro que la mayoría desconoce siquiera que existen. Pero ¿por qué aquella denuncia del Parlamento Europeo en 2001 cayó en saco roto? Porque sólo seis días después se produjeron los atentados del 11-S en Estados Unidos y todos los países de la Unión Europea, que acababan de denunciar la erosión de nuestros derechos a causa de la presión del espionaje tecnológico, abrazaron a los aliados y sumaron sus fuerzas aen la lucha contra el terrorismo global, bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Y para lograr la victoria es imprescindible el espionaje tecnológico.

Si en 2001 la resolución de la Eurocámara cayó en saco roto, las quejas de ahora tienen todavía menos futuro, porque en la última década la mayoría de gobiernos han aprobado normas para dar cobertura legal al espionaje masivo de las telecomunicaciones. Los servicios de seguridad y de inteligencia están autorizados a hacerlo, cuentan con supervisión judicial,

asan todos los filtros legales y tienen el beneplácito de los ciudadanos a través de sus respectivos parlamentos. Aunque no lo sepamos, todos hemos dado nuestro visto bueno a este tipo de prácticas a través de las sucesivas reformas legales que han dado más poder a los servicios policiales y de inteligencia para luchar contra el terrorismo.

Con la mejor de nuestras intenciones, los ciudadanos hemos cedido parte de nuestro derecho a la intimidad a cambio de sentirnos más seguros. Hemos permitido a los servicios de seguridad que puedan hurgar en nuestras comunicaciones si lo necesitan, a cambio de que intenten garantizarnos que no se vuelva a repetir otro 11-S, aunque eso es imposible, como lo demuestran, por ejemplo, los atentados del 11-M de 2004 en Madrid, los del 7 de julio de 2005 en Londres o los más recientes, cometidos por los llamados «lobos solitarios», en la Maratón de Boston o a las puertas de una base militar en Londres, cuando el pasado 22 de mayo dos presuntos yihadistas degollaron a un soldado al grito de «Alá es grande».

Esta misma semana, la Policía arrestaba en Barcelona a cinco supuestos yihadistas que vivían en chabolas inmundas y usaban un locutorio cercano para difundir mensajes a favor de la «guerra santa». Es la séptima operación de este tipo que llevan a cabo nuestras Fuerzas de Seguridad en lo que va de año. Según fuentes de la investigación, estos individuos «eran meros difusores de propaganda yihadista y lo que se trata de evitar es que pasen a la acción», es decir, que maten a alguien. Pero ¿cómo pudo detectar la Policía a estos presuntos terroristas en ciernes? Gracias al espionaje tecnológico, por supuesto bajo el paraguas de la legalidad y con la supervisión y el permiso de la Justicia.

Nuestro teléfono móvil es capaz de «geoposicionarnos», es decir, puede indicar en qué punto del planeta nos encontramos ahora con un margen de error de apenas unos metros. Como nuestra compañía telefónica está obligada por la Ley a guardar todos los datos asociados a cada número de teléfono durante meses, si la Policía, la Guardia Civil o los servicios de inteligencia pidieran esos archivos, los investigadores también podrían conocer por dónde nos hemos movido con total precisión. Analizando otras fuentes, como las cámaras de videovigilancia que nos rodean, se podrían reconstruir nuestros pasos como si rebobináramos la cinta de vídeo de nuestra vida. No es ciencia ficción, es la cruda realidad y así funciona la tecnología que utiliza, por ejemplo, la NSA estadounidense.