5.000 euros al mes para los gestores del «caos» sanitario

Los directivos forzados a dimitir tras las protestas multitudinarias cobrarán más de 60.000 euros en concepto de cesantías

La «crisis sanitaria» desatada en Andalucía a cuenta de las «mareas blancas» les costó el puesto como «responsables» del «caos» en la Sanidad andaluza. Dimitieron «a petición propia» y ahora la Junta les reconoce unas cesantías mensuales entre los 4.858 y los 5.440 euros. En total, más de 60.000 euros.

En concreto, según los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el ex director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) José Manuel Aranda percibe desde el 1 de febrero de 2017 un total de 5.440,91 euros, con tres meses reconocidos, por lo que la cuantía total será de 16.332 euros. Por su parte, Martín Germán Blanco García, que dimitió como viceconsejero de Salud a cuenta del conflicto en la sanidad (y cuya salida fue uno de los requisitos impuestos por el líder del movimiento de protesta en Granada, Jesús Candel, «Spiriman» para negociar), percibe desde la misma fecha, y con cinco meses reconocidos, un total de 5.013,32 euros; por lo que el cómputo global ascenderá a 25.066 euros. Finalmente, María Jesús Moreno Herrerías, que dimitió como directora general de Evaluación, Control y Calidad, percibe desde el 14 de marzo de 2017 un total de 4.858,29 euros. Al tener cuatro meses reconocidos, el importe ascenderá a 19.433 euros. Por otro lado, María del Carmen Belinchón Sánchez, cesada como directora general de Justicia Juvenil y Cooperación, tiene derecho durante doce meses a la percepción de 5.013,32 euros. Los tres ex directivos del SAS suman 60.821 euros en cesantías.

Sólo durante los primeros diez años de vigencia de estas indemnizaciones, la Junta se gastó más de seis millones de euros en cesantías para sus ex altos cargos. Las cesantías fueron creadas en 2005, en plena bonanza económica, para los políticos que abandonan el despacho oficial, manteniendo el sueldo íntegro hasta un máximo de doce meses como transición hacia el mercado laboral. En resumen, un sistema de protección para compensar la ausencia de prestación por desempleo, que terminó convirtiéndose en un privilegio. Hasta 2015, la Junta gastó en cesantías más de 6,1 millones, según el portal de la transparencia de la Administración andaluza. El total de beneficiarios en la primera década de vigencia de las cesantías asciende a 273 ex altos cargos de la Junta. Lo habitual es que los agraciados agoten las cesantías antes de incorporarse al mercado laboral, incluso cuando se trata de funcionarios con plaza fija. Existen excepciones: el caso de la ex consejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, o el del ex director general de Administración Local y coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo. «Mi puerta giratoria», anunció en Twitter en julio del pasado año el ex coordinador general de IU Cayo Lara, junto al número de la cola para apuntarse al paro en una oficina del INEM de Madrid. Lara no dispuso del fondo privado de pensiones del Congreso, que rechazó al lograr su escaño (4.000 euros al año), ni de la indemnización de la Cámara para ex parlamentarios (2.813 euros al mes), al no solicitarlo. Su (aplaudido) gesto también contrastó con la cuantía de las cesantías abonadas por el Parlamento, cercanas a 760.000 euros, y lideradas, precisamente, por el ex parlamentario de IU en Andalucía Ignacio García, con 47.165 euros. Otra «célebre cesantía», en este caso de la legislatura anterior, fue la del ex vicepresidente de la Junta Diego Valderas, también de IU, con una pensión mensual de 4.186,70 euros por haber sido consejero, en 24 pagas, lo que suma casi 100.500 euros.