Alaya deriva a la Audiencia la venta fraudulenta de los suelos

La juez Alaya se comprometió en mayo con el TSJA en acelerar alguna de las cuatro «macrocausas» que investiga e incluso concluir alguna antes de 2014. Y una de ellas, la venta fraudulenta de los terrenos de Mercasevilla, cuyas diligencias se iniciaron hace casi cuatro años, ya ha sido remitida a la Audiencia Provincial, órgano competente para enjuiciarla.

La juez notificó a las partes mediante un auto fechado el 3 de diciembre la decisión de «transformar» las diligencias previas en sumario ordinario. En el mismo, Alaya recuerda brevemente que esta rama de la «trama Mercasevilla» surge a raíz de los testimonios del delito de cohecho ya juzgado y que supuso la condena de los directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce y el ex delegado de Empleo Antonio Rivas (21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa) tras solicitar una «mordida» de 450.000 euros a los empresarios de La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería. De lo investigado desde 2009 se desprenden «posibles delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público y prevaricación urbanística, entre otros», en la «preparación de un concurso público» con los terrenos de la lonja sevillana como fin.

La juez refleja en su resolución que la prevaricación es una infracción cuyo conocimiento está atribuido a la Audiencia Provincial por estar castigada con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por periodo de siete a diez años, en todo caso superior a los nueve años que marca el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el auto, Alaya da por finalizada la investigación de «la presunta preparación de un concurso público» para la adjudicación de una opción de compra sobre la totalidad de los terrenos de Mercasevilla «con la dirigida finalidad de que la adjudicataria fuera la entidad Sanma», filial de la constructora Sando, que se habría subrogado con anterioridad en el derecho de la superficie de la entidad Lorena 98 sobre una de las parcelas de Mercasevilla, ante la imposibilidad de que dicha entidad pudiera construir las naves inicialmente programadas. Un proceso que tuvo lugar en 2006 y que permitió a Sanma ganar el concurso pese a ofertas de sólo 105 millones frente a los 158 millones que su competidora Noga llegó a ofertar.

En esta causa llegaron a estar imputados siete empresarios que pujaron por los suelos, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, pero la juez decidió archivar el proceso contra ellos al haber prescrito los delitos.

El delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 320 del Código Penal mencionado en el auto contempla la posibilidad de imponer una condena de 18 meses a cuatro años de prisión; y por el delito de falsedad el artículo 390 prevé penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años. La gravedad de los delitos imputados, por tanto, se ha aumentado y ahora será la Audiencia Provincial la que dictamine cuándo se celebra el juicio. Alaya aún tiene pediente el «caso Betis» que arrastra desde hace un lustro, el «caso ERE» y la otra rama de Mercasevilla referente al presunto «delito societario».