C’s plantea enmiendas por 500 millones tras acordar con el PSOE el Presupuesto

Después de dar su apoyo al PSOE para que el Proyecto de ley de Presupuestos de 2016 superara el debate de totalidad en la Cámara andaluza –los socialistas y Ciudadanos fueron los dos únicos grupos que rechazaron las enmiendas a la totalidad que presentaron PP, Podemos e IU–, la formación naranja tiene previsto formalizar más de 30 enmiendas a las cuentas de la Junta por un importe de 500 millones de euros. Así lo avanzó ayer el líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín, quien detalló que su grupo tiene 25 ya cerradas y todavía está desarrollando otras 18, «casi todas dirigidas a fomentar la creación de empleo a través de la colaboración público-privada entre las universidades, la Junta y las empresas». Sin embargo, la Junta ya da por enterrada esta modalidad de financiación. De hecho, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, aseguró en una comisión parlamentaria el pasado mes de septiembre que ya no hay previsión de usar esta fórmula y que «no puede ser una solución milagrosa para el sector público cuando haya que hacer frente a restricciones presupuestarias».

Pese a su respaldo permanente a la acción de gobierno, Ciudadanod sí mantiene el pulso con el PSOE en relación a la rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que quiere que se aplique el próximo año, un extremo que la Junta ve con reticencias. Marín, no obstante, señaló que «no se trata de una línea roja», pero consideró que «no puede haber otro camino», ya que «la línea de política fiscal que mantiene Andalucía no conduce a ningún sitio». En este sentido, expresó su deseo de que se pueda alcanzar un acuerdo con los socialistas en la reunión del grupo de trabajo que mantendrán ambas formaciones, previsiblemente antes del mañana, fecha en la que termina el plazo para la presentación de las enmiendas parciales a los presupuestos. Marín aseguró que la propuesta que Ciudadanos llevará a dicha reunión «ya está cuantificada en términos económicos», aunque no precisó cantidad alguna. Si finalmente no se llega a un acuerdo, la formación naranja planteará la reducción del impuesto a través de una enmienda que «ya está elaborada». «Hay margen de diálogo y de consenso», subrayó Marín, quien no desveló hasta dónde está dispuesto a ceder su partido, aunque señaló que su propuesta es «sensata y seria».

El PP, por su parte, también planteará vía enmienda la reducción del impuesto, una antigua reclamación del partido que ha venido planteando reiteradamente. A través de esta figura impositiva la Junta recaudó el año pasado 363 millones de euros, según los cuadernos de recaudación tributaria de la Administración autonómica. La crisis, además, no ha hecho más que incrementar la recaudación, ya que en 2007 ingresó 281 millones de euros.

Loa al Consultivo que Ciudadanos exigió eliminar en Madrid

LA RAZÓN - Granada

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, realizó ayer una encendida defensa de la labor de los Consejos Consultivos, ya que «son más necesarios que nunca como herramientas contra quienes pretenden saltarse la ley». Díaz, que presidió en Granada la presentación de la memoria anual del Consejo Consultivo de Andalucía, recordó que otras comunidades autónomas han optado por suprimir este órgano. Es el caso de Madrid, merced a la exigencia de Ciudadanos como condición para apoyar la investidura de Cristina Cifuentes como presidenta de la comunidad. En el caso de Andalucía, la formación naranja no ha seguido la línea de sus compañeros en la Asamblea de Madrid, puesto que tan sólo ha pedido reducir el número de miembros que lo componen en aras de la austeridad.

Por su parte, el el presidente del organismo andaluz, Juan Cano Bueso, detalló que en 2014 se emitieron 913 dictámenes –27 más que en el año anterior–, de los cuales el 86 por ciento se pronuncieron en sentido desfavorable respecto de la propuesta de resolución de la administración solicitante. Igualmente, se refirió durante su discurso a la «tensión» territorial que se está produciendo en la actualidad.

Así, Cano Bueso criticó que «frente a la racionalidad democrática y social de nuestro Estado» se esgriman «derechos históricos y particularismos medievales» de los que se pretenden deducir «privilegios cuando no directamente soberanías que ampararían el ejercicio del derecho de secesión, inexistente –recordó– en ninguna Constitución democrática de nuestro entorno».

De hecho, advirtió de que estas pretensiones «carecen de encaje legal alguno a la luz de un Estado democrático que pretenda legitimarse en la legalidad internacional como principio, en el constitucionalismo democrático como marco y en la igualdad sustancial del conjunto de la ciudadanía del Estado, con independencia del lugar de residencia».