Caso ERE: La Junta «estuvo» una década fuera de la ley

Un interventor insiste en que Griñán pudo elevar un informe alertador al Consejo de Gobierno

Un ecosistema de subvenciones ilegal. Esto es lo que se creó en el seno del Gobierno andaluz durante una década, según se desprende de la declaración del interventor de la Junta Ignacio García de ayer en el juicio de la pieza política del «caso ERE», durante la que defendió que ese departamento interno de vigilancia puso de manifiesto que la Consejería de Empleo «debió someter a fiscalización previa la aprobación o la concesión de ayudas a terceros». Y no hacerlo antes de que el IFA o luego la agencia IDEA efectuaran los pagos, sino en el momento mismo del compromiso con los beneficiarios de los fondos públicos porque «es la obligación del gestor». El testigo expuso sin urgencias que desde que «empezaron los controles en 2001 y en adelante se tiene claro que la responsabilidad del uso indebido» de las transferencias de financiación para nutrir esos abonos y de «no fiscalizar oportunamente la subvención excepcional recaía en Empleo». Explicó a preguntas de las defensas que era a esa consejería a la que había que dirigirse para que tomara «medidas de corrección». Pero como el Decreto 9/99, que regula el control financiero permanente al que estaban sometidos IFA/IDEA, no contemplaba «la emisión de informe de actuación cuando el responsable es uno ajeno» que no lo estaba; se recurrió al mal llamado, a su juicio, informe adicional al de cumplimiento del ejercicio 2003 del IFA/IDEA y que era «un bloque de información que normalmente se adjunta a un oficio» a remitir. Se armó en 2005 y cree recordar que se envió al consejero de Empleo que entonces era Antonio Fernández. Dicho de otro modo, se recurrió a esa fórmula para afrontar una «situación que la Intervención se encuentra y para la que no tiene procedimientos establecidos –no hubo instrucciones al respecto hasta 2014 y luego en 2017, según aseveró–», dado que ni su reglamento de funcionamiento ni el mencionado Decreto ni la Ley de Hacienda Pública «dicen cómo se actúa ante una situación de un expediente de gasto que está fuera del circuito administrativo». Fue «una solución de emergencia» que se buscó, una reacción de «qué hago» ante una realidad: «Estamos en fraude de ley».

A su entender, lo que había que haber hecho para volver a la senda de la legalidad es dictar «una norma reguladora» para dejar de tratar las subvenciones bajo sospecha «como excepcionales» y, «en ese marco, designar a la agencia –IFA/IDEA– como entidad colaboradora». «Que es precisamente –matizó a renglón seguido– lo que al final ocurre en el año 2011», diez años más tarde.

No ayudó a encender alarmas el que en la época investigada no hubiera «un mecanismo» que permitiera conectar lo que se detectaba en el ámbito del control financiero permanente con el de la fiscalización previa. «De hecho, la figura que subyace aquí, es decir, financiar con transferencias de financiación auténticas subvenciones excepcionales», supone que ese gasto «está fuera del circuito administrativo, por no decir otra cosa», insistió. De acuerdo a su relato, con el que se hizo uno con colegas que declararon antes en múltiples aspectos, la Intervención no disponía de «instrumentos» para «combatir esa situación». Una ausencia que justificó en el hecho de que probablemente no se concibió ese escenario, dado que «la ley es clara: el gestor está obligado en cada caso a someter a fiscalización el gasto real que lleva a cabo». A ello enlazó que el organismo fiscalizador «funciona partiendo» de ahí y de la «colaboración de los organismos controlados, sea en control financiero o en fiscalización previa». «Yo no abro cajones para ver qué puedo fiscalizar», deslizó el técnico. Durante la jornada se tocó también un asunto que acaparó los titulares del día anterior: que el miembro del banquillo de 22 investigados sin corona de gloria José Antonio Griñán, ex presidente andaluz, pudo haber intervenido en calidad de consejero de Hacienda para frenar el descontrol. Una de las defensas planteó a García si no era cierto que el informe que en teoría éste pudo elevar al Consejo de Gobierno tenía que estar precedido por otro que le hubiera evacuado a él la Intervención General, de acuerdo a un artículo, el 52.3, del reglamento de ésta. «Bueno, hay otro artículo, el 57, que es similar y no requiere ese informe», fue la respuesta, a la que sumó que el primer apartado normativo mencionado se refería a los documentos de auditoría y «sí pide esa opinión previa del interventor general», pero el 57, ligado al control financiero, «abre la misma vía sin necesidad» de tal pronunciamiento. En ese punto anotó que el ex interventor general, el investigado Manuel Gómez, mandaba los informes que él elaboraba en los que «se repite lo mismo año tras año», con base «en información que se dispone en IFA cuando se hace control financiero permanente» con la que se alertó de anomalías. «Cuántas veces hay que decirlo», disparó sin balas.

¿Hay grabaciones 'piratas' del juicio?

El presidente del tribunal enjuiciador, el magistrado Juan Antonio Calle, arrancó la sesión de mañana de ayer con una advertencia a navegantes: «Es obvio que las únicas grabaciones autorizadas dentro de la Sala son las oficiales», la que se realiza a través del sistema Arconte y la de la señal que «se está emitiendo» en directo. Fuera de ellas, «no se puede grabar con ningún otro dispositivo», avisó, después de que el pasado martes detectara algo que «saltó», que «parecía una grabación», aunque no podía asegurarlo, y que «interrumpió momentáneamente la sesión». El abogado de Griñán, José María Mohedano, recogió el guante para narrar que desconocía si el martes u otro día «dejó» su teléfono «abierto» y sonó una llamada, que «no acabó de apagar» el dispositivo móvil y, al final, cuando los tonos se agotaron, «no sabía qué dijo» el teléfono. «No colgué bien», reiteró, para añadir: «Pero ni grabo ni sé grabar». Si se hace, imagina que «sería con un poco más de secretismo», edulcoró. Fue el único abogado que aludió al asunto.