Cs encalla con los nombramientos de altos cargos para el nuevo Gobierno

Renuncia la delegada de Turismo en Granada, que defendió al Ejecutivo en el «caso Nevada» y que resultó condenado

La renuncia del ya ex consejero de Hacienda, Alberto García Valera, no es el único sobresalto en esta nueva etapa en la Junta. Los nombramientos de algunos altos cargos están generando controversia en la oposición, que ya ha reclamado explicaciones al Ejecutivo de PP y Ciudadanos. Un día después de que el Consejo de Gobierno la nombrara delegada de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local de la Junta en Granada, Elisa Fernández-Vivancos renunció ayer al cargo para «evitar cualquier ataque a la nueva etapa de cambio que ilusiona a tantos y tantos andaluces». Fernández-Vivancos, propuesta por el equipo del vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos), ejerció durante años como letrada jefe del servicio jurídico de la Junta en Granada y llevó, entre otros, el polémico «caso Nevada», en el que la Administración autonómica resultó condenada a pagar 165 millones de euros. Este aspecto de su currículum «podría perjudicar el proyecto de regeneración de la vida pública liderado por Ciudadanos», apuntan desde la formación naranja.

La polémica también se cierne sobre Carlos Rodríguez Sierra, nombrado director general de la Oficina Judicial y Fiscal. Este letrado ha ejercido hasta ahora como abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales investigados en el «caso ERE». Además, ha ejercido como representante legal de la madre del «Cuco», el joven implicado en la desaparición y muerte de Marta del Castillo.

Otro caso en cuestión es el de Fernando Francés, nuevo secretario general de Cultura y ex director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Francés está siendo investigado en las diligencias abiertas tras la querella de la Fiscalía por las obras del artista Invader colocadas en edificios de la capital de la Costa del Sol declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Precisamente, Francés declinó ayer explicar cuál es su situación procesal y tan sólo se limitó a asegurar que «siempre se equivoca ese partido. No estoy imputado. Son muy ignorantes. Jamás me acerco a la gente con mala energía. No contestaré».

Tanto PP como Ciudadanos intentaron borrar cualquier duda en torno a los nombramientos. El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, pidió un «voto de confianza» para estos cargos, subrayando que «no hay que hacer planteamientos preventivos, sino juzgarlos por su tarea pública». Sobre Sierra y Francés, señaló que ambos proceden del sector privado, donde los «niveles de exigencia son diferentes», por lo que instó a esperar a valorar su gestión en el ámbito público.

Ciudadanos, por su parte, evitó valorar el caso de Francés «hasta que no haya sentencia y la Justicia siga su curso». El portavoz adjunto de la formación naranja en la Cámara, Francisco Carrillo, pidió «prudencia» y, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, el partido «tomará la decisión más oportuna acorde con su ideario y código ético». En este punto, aclaró que la trayectoria de Ciudadanos, «desde el punto de vista de la transparencia, demuestra que no hacemos excepciones. En el caso de Sierra, nombrado por Cs, fue más benevolente al asegurar que una de las señas de identidad de su partido es que «no miramos el carné ni las filias ideológicas». En este sentido, la apuesta es por «el currículum, los méritos, trayectoria, conocimientos y experiencia», de modo que «si todo eso lo pueden poner en valor para mejorar un ámbito concreto de gestión, que redunde en el beneficio de los andaluces, será prioritario».

Más crítico se mostró el PSOE, al señalar que los «llamativos» nombramientos de altos cargos generan «confusión de intereses» entre los ámbitos público y privado. En este sentido, el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, remarcó que los anteriores casos merecen una «clarificación y una explicación del Gobierno». El portavoz socialista se refirió expresamente al caso de Sierra, puesto que la Junta está personada en el «caso ERE» y él ha representado a uno de los principales imputados.

El portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, fue muy explícito al pedir la dimisión de Francés, al estar siendo investigado por un delito contra el patrimonio histórico. Sobre Sierra y Fernández-Vivancos, defendió que no es una obligación de un gobernante «elegir entre los mejores perfiles a según qué profesionales». En el Pleno del Parlamento de la próxima semana el Gobierno andaluz explicará el decreto de estructura de la Junta, un esqueleto organizativo que demuestra el «nivel de desgobierno y la falta de capacidad política y administrativa» del Gobierno, según el PSOE.