Cs rompe amarras con el PSOE y se queda solo contra la propuesta de financiación

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, aseguró el lunes en una entrevista en Onda Cero que su partido no está en estos momentos preocupado por reordenar su estrategia política al calor de las encuestas que lo sitúan incluso como segunda fuerza en la comunidad. Sin embargo, sobre el terreno ya se están produciendo algunos cambios sustanciales. Marín compareció ayer por la mañana y dijo abiertamente que su grupo votaría en contra de la propuesta de financiación que acordaron la semana pasada PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Los socios parlamentarios del PSOE ni siquiera esperaron a agotar el trámite de enmiendas ya que las posturas –señalan– son insalvables. Ciudadanos ha estado junto al PSOE en todos los grandes asuntos de la legislatura, empezando por los tres presupuestos que han apoyado en la Cámara autonómica. Es por tanto la primera vez que rompen amarras con los socialistas. Susana Díaz, en cualquier caso, puede llevar a Madrid un acuerdo parlamentario amplio sobre financiación porque el PP se subió en marcha al carro pese a que ayer mismo le tumbaron todas las enmiendas. El presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, ya dijo que si Susana Díaz quería un acuerdo de financiación, tendría un acuerdo de financiación. La foto final ha sido inesperada porque lo que ha perseguido el PSOE desde el principio ha sido aislar al PP no a Cs.

La propuesta conjunta de PSOE, Podemos e Izquierda Unida y a la que se sumó el PP que ayer se abordó en el grupo de trabajo sobre financiación defiende que el criterio principal del reparto sea la población, que se aumente en 16.000 millones los fondos para todas las regiones, o que se amplíe la participación en IVA, IRPF e impuestos especiales para ganar en «corresponsabilidad fiscal». Desde el último modelo de 2009, que impulsó el ex ministro Pedro Solbes y acabó de rematar Elena Salgado, las regiones gestionan el 50 por ciento de los dos grandes pulmones financieros –IVA e IRPF– y el 58 por ciento de impuestos especiales. Fue, de hecho, la fórmula que sugirió José Antonio Griñán siendo consejero de Economía y Hacienda. Asimismo, el texto conjunto reclama, entre otras medidas, la implantación de un fondo de sostenibilidad de los servicios públicos. En realidad la propuesta de Ciudadanos tampoco dista mucho de la acordada, más allá de algunos aspectos como que el IVA y el IRPF se delegue en un reparto del 52 y el 48 por ciento.

Todos los partidos están de acuerdo en las grandes líneas: que se blinde la solidaridad interterritorial, la suficiencia financiera para prestar los servicios básicos de educación, sanidad y el resto de asistencias sociales, y que Andalucía no se vea perjudicada por las demandas de regiones más ricas que reclaman entre otros aspectos el principio de ordinalidad. Esto es, que las regiones que más aportan a la bolsa común mantengan su estatus de preferencia sobre las más beneficiadas por los mecanismos de solidaridad como es el caso de Andalucía o Extremadura.

La principal diferencia a la que aludió ayer Juan Marín es respecto al hecho de que el «tripartito» –el PP aún no se había sumado por la mañana– proponga «aumentar la presión fiscal». Un aspecto que mencionó Podemos como vía para generar más ingresos para la prestación de servicios básicos pero que ha venido negando taxativamente la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Ciudadanos presentará un voto particular en la comisión parlamentaria defendiendo su propio documento. «No queremos una mayor presión fiscal para la clase media trabajadora de este país, sino que queremos ver si las políticas que se están aplicando son eficaces», señaló Juan Marín. En su opinión, lo más razonable sería «buscar una posición desde Andalucía que después pueda encontrar apoyo en el conjunto del Estado porque si no estaremos confrontando la posición del PSOE-A con la de Mariano Rajoy y eso no lleva a ningún sitio. Hay que buscar puntos de encuentro», abundó.

Hay que tener en cuenta que la propuesta que salga del Parlamento no tiene ningún peso vinculante. La financiación tendrá que forjarla el Gobierno junto a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.