¿Dónde está la homofobia?

La homofobia se esconde igual que se escondían hace no tanto las parejas homosexuales. «Los chistes, los insultos por la calle... lo vemos como algo normal. Hay que denunciar para que sepamos qué está pasando», asegura Antonio Ferre, presidente de la Federación Andaluza de asociaciones de lesbianas, gays, bisex, transexuales e intersexuales (LGTBI). «Me consta que el Ministerio de Interior está haciendo un buen trabajo en delitos de odio, contando con asociaciones y formando a la Policía Nacional en estos temas. España es uno de los países europeos que más está trabajando, algunos no tienen ni registro», explica. En 2016 se investigaron 30 delitos por odio contra el colectivo en toda Andalucía. «Hay una gran infradenuncia. A veces no sirven para nada y quedan archivadas como libertad de expresión. Yo soy partidario de que todo hay que denunciarlo, porque eso queda como un registro de visitas, por insultos o agresiones o rechazo por acceso a locales y espacios públicos», insiste.

Dibujar una realidad fiable sobre las discriminaciones sufridas es una de las encomiendas de la nueva Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, aprobada por unanimidad en el Parlamento en diciembre y en vigor desde principios de mes. «Es una ley completa, que llega tarde pero llega», admiten desde Andalucía Diversidad. Cataluña fue pionera en regularizar esta discriminación, de la que disponen una decena de comunidades. «Sobre todo es importante porque recoge el tema familiar y también unas sanciones administrativas muy contundentes», celebra Ferre. De momento se ha creado la figura del coordinador LGTBI y deberá constituirse un Consejo en el plazo de un año. «Esperemos que se cree antes para ir evaluándola. Será un termómetro social», según Ferre.

Las señales de la homofobia son a veces muy claras. Ocurrió el mismo día de aprobación de la ley con los obispos andaluces. Su pronunciamiento en contra no extraña en el seno de la Federación LGTBI. Otras muestras son más sutiles. «Es dificilísimo entrar en en estos temas y probarlos. Hemos tenido casos como el de una pareja funcionaria que se casa y no le dan los mismos días de vacaciones», relata su presidente, que refiere únicamente que se produjo «en un pueblo de Almería». «Se arregló el tema y ya se olvidó», admite. Este «silencio» muchas veces autoimpuesto por los propios afectados, para huir de cualquier polémica, contribuye a distorsionar la percepción de episodios discriminatorios. «Con las personas trans es más evidente, pero en el ámbito lésbico o gay es más difícil de identificar ese trato desigual. Hay casos muy evidentes como cuando se produce «mobbing» en una empresa. Afecta psicológicamente pero es difícil de demostrar».

«Nos afecta también en el acceso a una vivienda o al empleo, homofobia no es solo que nos traten mal, si no las limitaciones de acceso a determinados servicios». Un punto en el que Andalucía, asegura, es pionera, ya que ha mantenido por ejemplo en la sanidad pública los tratamientos para cambio de sexo y reconocido el cambio de identidad a los menores transexuales.

Agresiones ocultas: «Hay violencia entre parejas del mismo sexo, pero no casas de acogida»

«Hay violencia entre parejas del mismo sexo». Con esa afirmación, la federación Andalucía Diversidad quiere romper el «tabú» que niega el maltrato entre parejas homosexuales. «Las relaciones afectivas son iguales y debe haber una distinción para que personas maltratadas puedan acogerse a medidas de protección», señala su presidente. La nueva Ley andaluza LGTBI lo reconoce en parte, en su artículo 27, con asesoría jurídica especializada a través de del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), pero no la cataloga como violencia de género –la normativa ampara solo a las mujeres agredidas por sus parejas o ex, sin determinar el sexo del agresor–. «En España ya ha habido cuatro asesinatos, pero no ocupa el mismo espacio en los medios. Eso está oculto. Si no hay una garantía o una cartera de servicios va a seguir así y poca gente se va a animar a denunciarlo», lamenta Antonio Ferre. «No hay casas de acogida, si surge un caso, ¿dónde lo pondríamos? A eso hay que dar respuesta», recalca. Una de las trabas que cita es la falta de «normalización» también dentro del propio colectivo. «Hay que avanzar a diario contra los estereotipos y prejuicios y llegar a una integración normalizadora, aunque hay gente a la que no le gusta esa palabra. Y hay que hacerlo sin ser provocador», dice después de recordarle casos como el más reciente de unos talleres en Torremolinos apoyados por la Junta sobre masturbación.