El compromiso de regeneración democrática de PSOE-C’s se diluye

El objetivo de regeneración democrática acordado por PSOE y Ciudadanos en junio del año pasado y que propició la investidura como presidenta de Susana Díaz se tambalea en la misma proporción que nuevos cargos públicos investigados por la Justicia siguen en sus puestos.

El objetivo de regeneración democrática acordado por PSOE y Ciudadanos en junio del año pasado y que propició la investidura como presidenta de Susana Díaz se tambalea en la misma proporción que nuevos cargos públicos investigados por la Justicia siguen en sus puestos. La principal medida de este bloque de regeneración democrática recoge expresamente el compromiso de ambos partidos de «separar de inmediato a cualquier cargo orgánico que resulte imputado por corrupción política». Esta coletilla final es la que ha introducido un factor de discrecionalidad. La respuesta de Ciudadanos tras los últimos pronunciamientos judiciales en los que ha resultado investigado un cargo público –imputación hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– ha sido siempre la misma: anunciar que examinarán primero si se trata o no de un caso de corrupción. Así lo hizo ayer el portavoz adjunto de esta formación, Sergio Romero, al trascender el auto de la titular de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que envía una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que investigue al diputado socialista Carmelo Gómez por el «caso Mercasevilla». Romero insistió en que primero hay que dejar actuar a la Justicia y cuando tengan los indicios necesarios serán «contundentes».

El problema es que Ciudadanos acumula imputados sin tomar ninguna decisión. El TSJA acordó a principios de septiembre continuar la causa por prevaricación contra el ex consejero de Cultura Luciano Alonso, imputado en el caso de los «cargos fantasma». Alonso nombró al que fuera director del Centro Andaluz de Flamenco, el socialista Luis Guerrero, pese a que nunca pisó la institución. También nombró directores de la Filmoteca de Andalucía a dos hijos de destacados dirigentes socialistas. A María Centeno, hija del ex alcalde de Genalguacil y a Alejandro Cárdenas, hijo de la ex alcaldesa de Jaén Carmen Peñalver. Ninguno ejerció el cargo para el que fue nombrado. El magistrado instructor, Miguel Pasquau, señala que la actitud de Alonso implica un «fraude deliberado». C’s anunció en septiembre, al igual que ayer, que estudiaría si se trata de corrupción política.

A las dos semanas, el lunes 19 de septiembre, la Policía Nacional detuvo al delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, Antonio de la Torre, en el marco de la «operación Paraíso» que investiga el amaño de un contrato de 60.000 euros cuando De la Torre era director del área de Presidencia de la Diputación. La Policía señala delitos de prevaricación, negociación prohibida, corrupción en los negocios y falsedad documental. De la Torre sigue en su puesto.

Un juzgado de Sevilla imputó también a finales de octubre al alcalde de Granada, Francisco Cuenca. El dirigente socialista declarará el 12 de diciembre por incurrir en una posible usurpación de funciones públicas reservadas a funcionarios en su etapa como delegado provincial de Economía. El juzgado abrió una investigación por la adjudicación de contratos privados a particulares para que inspeccionaran cursos de economía social. De todas las causas, ésta es la que, a priori, tiene menos visos de acabar en una apertura de juicio oral.