El dinero que debe el Gobierno central equivale a toda la dependencia de este año

La cifra es muy similar al presupuesto de las universidades y al aumento de las políticas sociales en las cuentas de 2019

A comienzos de semana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, envió una carta al jefe del Ejecutivo central en funciones, Pedro Sánchez, para reclamarle el pago de 1.350 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta. Si continúa este bloqueo, Moreno ya advirtió de que se verían afectados ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Precisamente, la cantidad que debe el Gobierno de Sánchez equivale a la financiación de toda la política de dependencia que figura en el Presupuesto autonómico de este año, que asciende aproximadamente a 1.462 millones de euros. Otro dato similar es el aumento de las políticas sociales recogido en las mismas cuentas, concretamente 758 millones de euros más para sanidad, 256 de educación y 115 para Conciliación, Igualdad y familias. El montante asciende a 1.129 millones de euros. Además, la exigencia de la Junta equivale, aproximadamente, al presupuesto de las universidades andaluzas: 1.278,5 millones de euros.

Fuentes de la Consejería de Hacienda aseguran a LA RAZÓN que, si el Ejecutivo central continúa sin actualizar las entregas a cuenta, Andalucía se puede encontrar con una situación «delicada». El Presupuesto de 2019 había previsto unos ingresos no financieros de 31.776 millones de euros. De ellos, en función del crecimiento económico esperado, se fijaron un total de 19.223,44 millones para el conjunto de las entregas a cuenta. Su no actualización sitúa esta cantidad en 18.386 millones, lo que supone una merca en los ingresos públicos de la comunidad autónoma de 837 millones.

A ello se le suman casi 513 millones del denominado «mes trece» de IVA, correspondiente a la liquidación definitiva del IVA del ejercicio de 2017, en el que se implantó el Suministro de Información Inmediata. En 2017 se liquidaron once meses y ese mes que falta se tiene que liquidar en 2019. «No es una cuestión política, es un tema técnico sobre derechos devengados y caja», sostienen. La suma de ambos conceptos da como resultado los 1.350 millones de euros.

Dentro de esos 837 millones de las entregas a cuenta se incluye la transferencia de lo recaudado por el impuesto de hidrocarburos. Desde el 1 de enero de 2019, tras su aprobación en los Presupuestos de 2018, es el Estado el que recauda este impuesto en lugar de las comunidades autónomas, que deben recibir el 100% de lo recaudado para su financiación. En el caso de Andalucía, el montante que le corresponde asciende a 240 millones de euros.

Sin la actualización de las entregas a cuenta, subrayan las mismas fuentes, sería inviable cumplir el objetivo de déficit y se encarecería, por ejemplo, la salida a los mercados. El consejero del Ramo, Juan Bravo, volvió ayer a pedir al Gobierno central que convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la financiación autonómica y el desbloqueo de los 1.350 millones de euros. Antes de su visita a la empresa Oedim, en Jaén, Bravo recordó que este órgano se puede convocar si lo pide un tercio de sus miembros, si lo hace la ministra de Hacienda y, además, el artículo 6 dice que hay que convocar dos consejos al año y «llevamos más de un año sin convocar».

«Nosotros entendemos que estamos con un Gobierno en funciones, que la dificultad de la situación política en España es así, pero como mínimo hay que abrir la posibilidad de diálogo, y ese diálogo se da en el Consejo de Política Fiscal», subrayó.

El consejero señaló que «esto no es una cuestión que salga sólo de Andalucía», puesto que lo han pedido también Valencia, Cataluña, Extremadura y Madrid. Reveló que las comunidades gobernadas por el PP mantienen un contacto directo, tanto Madrid, Galicia, Castilla-León, Murcia, Ceuta y Andalucía, y están abiertos a dialogar con cualquiera «porque esto es una cuestión del conjunto de las comunidades».

Junto a ello, reconoció «el gesto de la ministra de Hacienda –María Jesús Montero–, que ha rectificado sus propias palabras y ha dicho que se abonarán los pagos a cuenta a las regiones», pero aún así insistió en la necesidad de reunir al Consejo de Política Fiscal para sentar las bases de 2019 y empezar a hablar de la financiación autonómica.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, acusó a la Junta de utilizar las entregas a cuenta como «una cortina de humo para tapar otras historias» y como «elemento de confrontación» contra el Ejecutivo central. Fernández recordó que Moreno, en septiembre del 2016, afirmaba que las cantidades de entregas a cuenta «nunca» se recibirían con un presupuesto prorrogado.