El juez defiende que los investigados sean juzgados en piezas distintas

Replica a Fernández y a otros ex altos cargos que ello no vulnera el principio de «non bis in ídem»

Álvaro Martín ha vuelto a provocar un leve temblor entre las defensas del «caso ERE», acostumbradas ya, tras casi seis años de instrucción, al golpe-contragolpe. El juez ha desestimado catorce recursos presentados contra los autos en los que confirmó encausaciones, al dar por cerradas las instrucciones en los bloques abiertos por las ayudas de 2,3 millones y 3,2 otorgadas a las empresas Surcolor y Acyco, respectivamente. Pero además ha abordado otra cuestión a la que se habían agarrado algunos de los investigados, como el ex consejero de Empleo Antonio Fernández: sostiene que éstos podrán ser juzgados en varias piezas y ello no supondrá ninguna vulneración del principio de «non bis in ídem», según el cual no se puede enjuiciar a una persona dos veces por los mismos hechos.

En un auto fechado el 29 de noviembre, al que ha accedido LA RAZÓN, Martín rechaza los recursos relativos a Surcolor de nueve de los encausados entre los que se encuentra el propio Fernández, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera o el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. En concreto, el ex consejero alegó que los hechos que se le imputan en la pieza centrada en el procedimiento específico por el que se repartieron las ayudas, la rama política del caso que afecta a Chaves y a Griñán, «absorberían» los que se le atribuyen en ésta de Surcolor, afectando al principio del «non bis in ídem». El magistrado, por su parte, entiende que a Fernández «se le ha mantenido como investigado-acusado» en el bloque político «por su intervención en el funcionamiento del denominado procedimiento específico» que «guarda íntima relación» con lo investigado por las ayudas a esta empresa, y matiza que en el apartado del procedimiento específico «no se desciende» a aspectos como «el estudio de la presencia de ‘intrusos’» o el conocimiento de la misma «en concretos expedientes de subvención». En ese punto, Martín recuerda que al ex titular de Empleo se le imputa que «sabiendo de la presencia de ‘intrusos’ autorizó, en su condición de viceconsejero», la concesión de los fondos para la mencionada sociedad. Unos actos que, para el juez, «tienen su propia entidad y autonomía» y, de acreditarse, «permitirían el dictado de condena» al margen de lo que suceda en el apartado político, por lo que, a su juicio, «no existe la violación de derechos aducida», por Fernández, de la que también habían tirado Barberá o Rivera.

A Rivas, quien aludió a la falta de indicios contra él, el instructor le dedica en su resolución un párrafo grueso en el que se asevera que «es familiar, concuñado, de uno de los ‘intrusos’», que «sabía de la existencia» de la ayuda, de la ausencia de un ERE, de un despido colectivo «encubierto» y de la asunción por la consejería de «obligaciones muy por encima de las procedentes». Y esto «en beneficio de la empresa, que no de los trabajadores», por lo que concluye que, «sin que ello sea definitivo, pues consta de modo indiciario, desde luego constituye base suficiente para mantener el procedimiento» contra el ex delegado de Empleo sevillano.

Al reseñado auto, hay que sumar un segundo que conduce a otro escenario: a Acyco. A través de él, el instructor ha desestimado los recursos de reforma de Fernández, Barberá, Rivera y los ex empleados de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo contra el auto de transformación de la pieza centrada en esa sociedad en procedimiento abreviado. Y hay otro «no» en su resolución. Se refiere a la petición de nulidad planteada por la defensa del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero por presunta violación del derecho al juez natural predeterminado por la ley. Martín es claro: el TSJA acordó que se integrara «plenamente» como juez de refuerzo en las «macrocausas».