El juez envía al Tribunal Supremo la causa contra García Pelayo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado al Tribunal Supremo la causa que seguía contra la senadora y ex alcaldesa de Jerez de la Frontera María José García Pelayo tras determinar que existen indicios de prevaricación continuada en las adjudicaciones que realizó a la trama Gürtel para la participación del Ayuntamiento en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) del año 2004. En una exposición motivada elevada al alto tribunal, el magistrado instructor señala que las adjudicaciones a la red de Francisco Correa incurrieron en «groseras ilegalidades» y se hicieron «incumpliendo los estatutos» del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), del que era presidenta, y sin el aval de su Consejo Rector.

Según el juez, la entonces alcaldesa sabía que todos los documentos presentados por las empresas de Correa para hacerse con estas adjudicaciones y los propios documentos administrativos «se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a la que se hizo constar en los mismos».

En concreto, el juez investiga la adjudicación del stand del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004, la celebración de un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y una muestra de flamenco que tuvo lugar en los jardines de Cecilio Rodríguez. Los adjudicatarios fueron tres empresas vinculadas a Correa: Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio.

El Supremo, que asumirá esta pieza separada del «caso Gürtel» por la condición de aforada de García Pelayo, también investigará a los otros siete imputados, a los que también se atribuye un delito continuado de prevaricación.

García Pelayo, por su parte, anunció ayer que solicitará su comparecencia «inmediata y voluntaria» ante el Supremo para «aclarar todo lo que sea necesario», con el objetivo de que «todo se resuelva lo antes posible». El PP defendió que, tal y como se ha indicado a lo largo de todo el proceso, la participación de la ex alcaldesa «se limitó a la ratificación y firma de los documentos del expediente administrativo».