El mareo verde

Hace cosa de unas semanas, tuve ocasión de leer el acta de la primera reunión de la Marea verde andaluza; en ella comunicaban que habían elegido un portavoz y una «portavoza». Por lo que se ve, según ellos, los hombres tenemos voz y las mujeres «voza».

La cosa no pasaría de ser risible si no estuviese firmada por los que se dicen defensores de la enseñanza pública, y que para llevar adelante esa defensa convocan continuas manifestaciones y huelgas. Que unos supuestos defensores de la enseñanza se plieguen de manera tan mostrenca e ignorante al caprichoso e incorrecto lenguaje de ciertas feministas ventajistas nos da una clara idea de la enseñanza que realmente defienden. Además, resulta altamente significativo que los sindicatos que están detrás de esas camisetas verdes y de ese lenguaje perverso sean los mismos que han apoyado, a lo largo de veinte años, todos los disparates con que los pedagogos progres han ido destruyendo el sistema de enseñanza en nuestro país. Ni la LOGSE ni la LOE merecieron de ellos otra cosa que alabanzas o, en el mejor de los casos, silencio cómplice. Incluso apoyaron, y continúan apoyando, el inicuo «Plan de calidad», un abyecto intento de compra de aprobados destinado a maquillar los desastrosos resultados educativos andaluces, y que ha cosechado varias sentencias judiciales en contra. Sentencias que, con desparpajo totalitario, la Consejería no ha acatado.

Por otra parte, son esos mismos sindicatos, generosamente subvencionados por la Junta, los que se manifiestan también en defensa del «empleo público». Un eufemístico «empleo público» que intenta meter en el mismo saco de los funcionarios, que obtuvieron sus plazas en oposiciones transparentes y accesibles, a todos los ciudadanos y a los más de 26.000 enchufados de los políticos de la Junta que constituyen la llamada «Administración paralela». Y es necesario insistir en que los funcionarios (a los que se ha bajado reiteradamente el sueldo), gracias a su independencia política, son verdaderos servidores de los ciudadanos que garantizan la transparencia y la legalidad del funcionamiento de la administración pública, mientras que los enchufados de las agencias, observatorios, empresas y demás injustificables inventos de la Junta (que cobran más que los funcionarios) no son más que paniaguados de los políticos de turno, sometidos a sus caprichos y no al interés general. Prueba de ello es que ha sido precisamente en las agencias de esa administración paralela donde se han producido los más escandalosos casos de corrupción y desvío de dinero público a particulares.

En suma, parece que lo que intentan los de la Marea verde no es otra cosa que marear al ciudadano, no vaya a ser que se le ocurra mirar a donde no debe y comprenda cuáles son las verdaderas causas del desastre educativo y del desastre en general. Por eso gritan constantemente: ¡No a los recortes en Educación! Como si la raíz del problema educativo fuera el dinero; basta con buscar los datos de la inversión educativa de los distintos países en internet para comprobar que los pésimos resultados de la educación española en general y andaluza muy en particular no son una cuestión de falta de dinero, sino del pésimo criterio con que ese dinero se gasta. Y eso se debe a las deplorables leyes educativas que venimos padeciendo, todas ellas de lo más progresistas, desde la implantación de la LOGSE, que son las que han fijado los criterios para el gasto. Sin embargo, a lo que se oponen los de la Marea verde es precisamente a que se cambie la actual ley. Incluso la descafeinada reforma que pretende el actual ministro merece su puritano anatema. Por ejemplo, les parece fatal una cosa tan razonable como que se pretendan introducir pruebas externas (reválidas) que controlen la eficacia del sistema. No explican el porqué de ese rechazo; con su habitual riqueza argumentativa, se limitan a tacharlas de franquistas.

Esos mismos mareantes verdes, por el contrario, no dicen una palabra en sus protestas de que haya que suprimir organismos inútiles y plagados de enchufados, como la Agencia de Evaluación Educativa Andaluza, AGAEVE, el Observatorio de la Violencia Escolar, o los numerosos CEPs. Tan sólo la AGAEVE consume cinco millones de euros anuales, sin que haya dado jamás muestras de otra cosa que de incompetencia. Y el Observatorio mencionado no ha producido otra cosa en siete años que dos angelicales informes en los que ni se registra un solo caso de agresión, cuando basta con leer los periódicos para conocer la verdadera situación de las aulas a ese respecto, pese a los reiterados intentos de los responsables políticos por ocultarla.

Así pues, yo recomendaría a los sindicatos integrantes de la Marea verde, ya que tan preocupados se muestran ahora por la educación, y ya que consideran que el problema es la falta de dinero y no cómo se gasta, que empezasen por renunciar a las jugosas subvenciones que reciben. En tanto no lo hagan, sus reivindicaciones me seguirán pareciendo tan hipócritas como las del señor Sánchez Gordillo.