El pago retrasado y desigual de las ayudas al alquiler de 2015 moviliza al Defensor

Pide información a la Intervención de la Junta sobre las «diferencias en la actuación» de fiscalización por provincias y las incidencias detectadas.

El titular de Fomento y Vivienda de la Junta, Felipe López, ha garantizado que la convocatoria de ayudas a inmuebles en alquiler de 2016 que se publicó hace alrededor de un mes se tramitará de forma ágil. Para lograrlo, el Gobierno andaluz ha contratado a una empresa externa que se ocupará del procesamiento de datos, lo que permitirá, según le dijo el consejero a Ep, que en la primavera de 2017 se puedan «desembolsar» los fondos públicos. Eso es futurible. De momento, la que aún no se ha resuelto, y lo está haciendo de forma desigual por provincias, es la convocatoria de marzo de 2015, pese a que el dinero está destinado a personas en una situación de especial vulnerabilidad e impelidas por la urgencia de no quedarse sin un techo bajo el que vivir. Muchas de ellas han expresado su «indignación y desesperación» al Defensor del Pueblo Andaluz por el retraso de más de un año en la conclusión definitiva del asunto, pese a que, en algunos casos, se les ha requerido documentación en múltiples ocasiones sin que se les informe nunca de cuándo se resolvería finalmente su solicitud.

La Defensoría que dirige Jesús Maeztu, depositaria de la inquietud de los afectados, formuló en mayo de 2016 a la Secretaría General de Vivienda una resolución que incluía, entre otras recomendaciones, que se procediera a la «inmediata resolución definitiva de los expedientes de ayuda al alquiler que aún se encuentran en trámite» y se publicaran las «listas definitivas de personas beneficiarias» para proceder a continuación, «a la tramitación del pago y abono efectivo de las mismas, a la mayor brevedad posible y sin dilaciones indebidas».

El movimiento del Defensor tuvo reacción. El organismo aludido replicó que una vez baremadas y revisadas las peticiones, habían enviado a las distintas intervenciones provinciales de la Administración regional las propuestas de resolución últimas para su correspondiente fiscalización previa. Según la respuesta de la Consejería, ésta se encuentra en la actualidad en estados diferentes por territorios: en Córdoba «fue resuelta favorablemente con fecha de 17 de junio», por lo que ya se ha iniciado el procedimiento de abono, en Cádiz y Huelva, por su parte, el Ejecutivo regional confía en que «el trámite de fiscalización permita la emisión de la resolución definitiva en los próximos días». Por contra, en Sevilla y Jaén «está pendiente de respuesta por parte de su Intervención» y en Málaga, Almería y Granada «se han manifestado incidencias» de nuevo desde los entes provinciales que es preciso solventar». En ese escenario, la Junta trasladó al Defensor que para evitar esas diferencias ha mantenido contacto con la Intervención General (IGJA), si bien «están pendientes» de resolverse «algunas cuestiones planteadas». Ahora, la oficina de Maetzu quiere saber cuáles son esos aspectos por solventar y además ha solicitado información al órgano de fiscalización de la Administración autonómica en esencia sobre «las diferencias en la actuación» de las ramificaciones interventoras territoriales respecto a la fiscalización de las ayudas al alquiler de vivienda vinculadas aún a la convocatoria de 2015, «con especial mención de las incidencias» detectadas en Málaga, Almería y Granada, las zonas donde más conflicto ha provocado el no reparto de estos fondos. La actuación de la Defensoría está encaminada a tratar de que «no se repita» lo sucedido con estos incentivos.