El Parlamento aprobó en junio por unanimidad garantizar la autoridad de los profesionales sanitarios públicos de Andalucía

Tres meses después, nada se ha avanzado

La huelga convocada por los médicos de Atención Primaria de Málaga durante varios días de octubre no ha sentado nada bien en la Junta. Entre las «mejoras» en la calidad asistencial que reclaman, algunas están relacionadas con la seguridad a la hora de desarrollar sus funciones. El Gobierno andaluz no es ajeno a estas reivindicaciones: en el Parlamento de Andalucía se aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por el Partido Popular en esta misma línea.

La propuesta se aprobó el 14 de junio de 2018 y todos los grupos políticos mostraron su conformidad. Tres meses después, nada se ha avanzado. En concreto, se trataba de once medidas para dotar de «mayor protección y seguridad a los profesionales sanitarios». En la exposición de motivos, consultada por este periódico, se argumentaba que «en los últimos años hemos podido ver que han aumentado considerablemente en Andalucía las agresiones, tanto físicas como verbales, a los profesionales de la salud en el ejercicio de sus funciones por parte de pacientes, usuarios, familiares o por sus acompañantes, lo que está provocando que estos profesionales trabajen en un entorno de desconfianza, provocando la merma de sus servicios».

Entre las soluciones propuestas que contaron con el beneplácito de todas las formaciones se abogaba por «reconocer y garantizar la autoridad de los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía»; «agilizar los trámites pertinentes para poner en valor la figura del «interlocutor policial territorial sanitario»; «adoptar las medidas necesarias para que los profesionales sanitarios que se encuentren de baja por haber sufrido una agresión en su lugar de trabajo en el ejercicio de sus funciones no vean reducida su nómina y perciban el total de sus retribuciones»; un plan integral «dirigido al personal sanitario agredido»; crear un observatorio regional de agresiones; atajar las sobrecargas de trabajo, la saturación de atención primaria y las urgencias, los tiempos de espera en la atención clínica y las listas de espera; o vigilar las agresiones «en las redes sociales».