El Parlamento ha aprobado sólo dos de las 25 leyes que prometió Díaz

La Cámara autonómica reanuda su actividad con un elevado número de iniciativas legislativas pendientes. Siguen en el cajón la Ley de Agricultura anunciada en 2012 o de renta básica, que se deriva del Estatuto de 2007

La Cámara celebra a partir de hoy el primer pleno del nuevo curso político con el debate final del Proyecto de Ley de Atención a las Personas con Discapacidad y la comparecencia de la consejera de Salud para dar explicaciones sobre el accidente en el hospital de Valme que causó la muerte a una joven que acababa de dar a luz y quedó atrapada en un ascensor. Mañana a las doce se producirán las tradicionales preguntas a la presidenta de la Junta por parte de los líderes de la oposición tras el parón veraniego. El presidente del PP-A, Juanma Moreno, interpelará a Díaz sobre la acción de gobierno durante el verano; Juan Marín (Cs) insistirá con la financiación autonómica; Teresa Rodríguez (Podemos) preguntará sobre el modelo de Estado que defiende el Ejecutivo autonómico; mientras que Antonio Maíllo (IU) abordará la subida del paro durante el mes de agosto.

El antiguo Hospital de las Cinco Llagas retoma así el pulso en un curso que se prevé intenso debido a que el ecuador de la legislatura ya ha pasado y por tanto el tiempo electoral está cada vez más cerca; y además porque hay mucho trabajo pendiente. La productividad legislativa hasta el momento ha sido escasa. Sólo se han aprobado 16 proyectos y proposiciones de ley. Pero lo más llamativo es que de las 25 nuevas leyes o reformas legislativas que prometió Susana Díaz en su discurso de investidura de mayo de 2015, el Parlamento sólo ha aprobado dos, la que protege los derechos de los consumidores en la contratación de préstamos hipotecarios y la Ley de Servicios Sociales. Este dato no supone en cualquier caso una completa excepción. En la anterior legislatura, la Cámara autonómica sólo aprobó dos de las 28 leyes que prometió José Antonio Griñán en su investidura: la de transexualidad y la de transparencia. El resto quedó en el cajón y no fue por la ausencia de una mayoría para sacarlas adelante –IU fue un socio fiel durante los tres años de apoyo al PSOE–, sino por la dilación para enviar los proyectos de ley por parte del Consejo de Gobierno.

Susana Díaz se presentó en el Parlamento para pedir la confianza de los diputados con un amplio programa legislativo. En su discurso del 4 de mayo propuso normas de calado como la Ley de Emprendimiento, la Ley de Formación Profesional, una Ley de Subvenciones, la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas para que el máximo órgano de control externo de la Administración tuviera más poder vinculante, o la Ley Integral de Agricultura, una norma que ya incluyó José Antonio Griñán en su último discurso de investidura de mayo de 2012. Y que, por cierto, cinco años después, ni siquiera ha enviado el Consejo de Gobierno al Parlamento para que inicie su tramitación. Como tampoco ha enviado, y también lo prometió Díaz en 2015, el Proyecto de Ley de Renta Básica. En este último caso la dilación es aún más llamativa porque se trata de una norma de desarrollo del Estatuto de Autonomía, una ley orgánica que se aprobó en referéndum hace más de diez años. El Estatuto, en su artículo 23 recoge el derecho de todos los ciudadanos a recibir una renta básica que garantice unas «condiciones de vida digna».

El tiempo de la legislatura por tanto se va echando encima y muchas de las leyes prometidas no podrán ser aprobadas antes de la disolución del Parlamento previa a la convocatoria de elecciones que si se respetan los tiempos será a principios de 2019. De hecho, en el calendario para dar cumplimiento al acuerdo de investidura entre PSOE y Ciudadanos quedan fijadas para el mes de septiembre la Ley de Formación Profesional y la Ley de Agricultura. Para octubre y noviembre, la de sostenibilidad de la sanidad pública y la ley de atención temprana. Y para el segundo periodo de sesiones, la ley zudiovisual, la del cambio climático y la Ley de Violencia de Género. Sin embargo, conviene recordar que no estamos hablando de la aprobación definitiva de estas leyes. Ciudadanos lo que pide es el envío de los proyectos de ley a la Cámara para que inicien su tramitación. Es significativo, asimismo, que los decretos-ley, que siguen un procedimiento urgente y no cuentan con las aportaciones de la oposición, supongan la mitad de las iniciativas legislativas aprobadas. En concreto, el Parlamento ha dado luz verde a siete. Entre ellos, uno relativo al Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el que se centra la negociación de PSOE y Ciudadanos para desatascar el Presupuesto de 2018. Actualmente hay en tramitación un total de 23 iniciativas legislativas.