El SAF avisa a la Junta: mantener a los «enchufados» de Dapsa es prevaricar

Llevará a la Fiscalía a los jefes que permitan el desempeño de potestades públicas

Miembros del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) protestan contra la reordenación del sector público
Miembros del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) protestan contra la reordenación del sector público

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) registró ayer un escrito dirigido a la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda del Gobierno andaluz a modo de aviso. En el documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se deja constancia de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló en sentencia firme del 21 de diciembre de 2012 la integración de los trabajadores de la Empresa Desarrollo Agrario y Pesquero (Dapsa) en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, que acumula una plantilla de 3.020 trabajadores. Por lo tanto, recuerdan, «dicho personal, ni es empleado público, ni forma parte del personal (funcionario o laboral) de la Administración de la Junta».

A partir de esa premisa, el SAF pide que se comunique algo a «todas las jefaturas de servicio u órganos asimilados de los Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sus delegaciones territoriales», así como a «los órganos asimilados de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (directores de las OCA)». ¿A qué se refiere?

La respuesta: el mantenimiento de los empleados de la extinta Dapsa, más de 1.800, «en sede administrativa o desempeñando cualquier tipo de actuación que pudiera tener alguna relación, aún sea de asesoramiento o consulta, con el inicio o tramitación de una actuación administrativa o el acceso a cualquier expediente, programa informático o base de datos de la Administración» puede suponer la comisión de delitos de diversa índole.

¿Cuál es la causa que lleva al sindicato a hacer esa advertencia? Cabe recordar que corresponde a los jefes de servicio u órganos asimilados dar el visto bueno al «acceso a los documentos y registros que obren en los archivos y ordenar cuanto fuere necesario» para que el personal a sus órdenes «desarrolle adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su puesto de trabajo», según explican desde el SAF.

En ese sentido, detallan los delitos a los que los directivos se enfrentarían si permiten que los trabajadores a los que alude el TSJA lleven a cabo funciones que no les corresponden en dependencias de la Administración. Así, se refieren al de desobediencia de resolución judicial, tipificado en el artículo 410 del Código Penal; o al de comportamiento injusto previsto en los artículo 405 y 406 de aquél, por «aceptar la propuesta o toma de posesión del personal externo desempeñando funciones en sede administrativa a sabiendas de que carece de los requisitos legalmente exigibles».

Y hay más: delito de prevaricación previsto en el artículo 404, «en el caso de que dictara o firmarse cualquier expediente o actuación administrativa en el que hubiera tenido participación dicho personal, aún con carácter de mera consulta»; para finalizar con la presumible comisión de faltas disciplinarias muy graves, graves o de carácter leve.

En su escrito, reclaman a los mencionados directivos que «pongan inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal» la permanencia del personal externo en cuestión en sedes de la Junta, el ejercicio por parte de éste de actividades destinadas a funcionarios o el que «pudieran tener relación con un expediente administrativo, funciones de asesoría o consulta propia de técnicos funcionarios y acceso a programa o base de datos de la Administración». En caso de no hacerlo, insisten, «podrían incurrir en una clara omisión de su deber de perseguir delitos, previsto en el artículo 408 del Código Penal».

En el texto, firmado por el presidente-coordinador del SAF, José Manuel Mateo, se asevera que el sindicato se reserva las actuaciones legales que estime convenientes en relación a la exigencia de responsabilidades penales en torno a este asunto.

Mateo lo tiene claro: «Los 'enchufados' de Dapsa no son empleados públicos y no pueden desempeñar potestades de éstos». Desde esa realidad anuncia que llevarán «a la Fiscalía por prevaricación a los responsables que, a sabiendas, lo permitan. Los jefes de servicio tienen que sacar la cabeza de debajo del ala», lanza.