El testigo clave subraya innumerables irregularidades en los cursos de formación

El antiguo responsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía Teodoro Montes ha concluido hoy, tras 31 horas, su declaración como testigo clave en la macrocausa de los cursos de formación, y ha destacado las innumerables irregularidades en los cursos y su excesivo gasto.

Ante la juez Mercedes Alaya, el testigo ha declarado por séptimo día, primero a preguntas del defensor del exconsejero andaluz Ángel Ojeda, luego de la magistrada y después del abogado del exconsejero Antonio Fernández, también imputado, han informado fuentes judiciales.

Al abogado de Ojeda, exconsejero al que ha asegurado desconocer, la juez le ha declarado cinco preguntas impertinentes y el testigo le ha contestado que su ámbito de actuación era Sevilla y que le llegaba información del exterior sobre todo por la prensa.

En el testimonio de hoy, ha afirmado que la relajación de los controles ha provocado innumerables irregularidades en el alumnado y en los contenidos de las acciones formativas, de las que ha reprochado una escasa calidad y bajo aprovechamiento por parte de los alumnos, y ha apuntado que las denunció a sus superiores sin que se corrigieran.

También ha destacado que los cursos están muy bien pagados y ha puesto como ejemplo gráfico que “pudiendo ir en un Mercedes se va en un Biscuter”.

Ha dicho que se podrían organizar las acciones formativas con un tercio menos del dinero que se aportaba, y ha agregado que en el argot de los funcionarios se denominaba “subnormal” a las entidades que certifican el gasto real y no el cien por cien de la subvención.

El testigo ha afirmado que se gastaba en exceso el material fungible de los cursos, y ha precisado que eso ocurrió con la carne empleada para acciones formativas destinadas a trocear y filetear piezas.

Así, ha explicado que unas entidades decían que necesitaban 4.000 kilos y otras hasta 70.000, y tras varias negociaciones acordaron que la carne sobrante se llevara a comedores sociales, para lo que quiso firmar un convenio con el Obispado aunque no le dejaron los superiores, e incluso le dijeron que él se llevó carne cuando en el 2009 se marchó unos meses a Ecuador de excedencia.

A partir de ese año no se volvieron a dar cursos de carnicero, y los que los impartieron se hicieron ricos, ha afirmado.

Otra de las irregularidades se producían, según el testigo, con los docentes, a los que en alguna ocasión les daban, “bajo cuerda”, sólo el 20 o el 25 % de lo estipulado y les advertían que si no aceptaban no volverían a ser contratados.

Tras la declaración de hoy no se ha presentado ninguna iniciativa relativa a la posible incompetencia de la juez en este asunto por la forma en que empezó a tramitarlo Alaya, como habían apuntado algunas de las partes.