El TSJA insiste en permitir a Alaya continuar con los ERE y Mercasevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no ha cambiado de opinión e insiste en el reparto de las «macrocausas» que se investigan bajo la coordinación del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que ya diseñó hace dos semanas. Considera que la anterior titular del órgano judicial, la magistrada Mercedes Alaya, debe continuar a los mandos de un caso que ha armado con voluntad olímpica, el de los ERE irregulares financiados por la Junta, y con su germen: el delito societario de Mercasevilla.

De momento, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal autonómico acordó en la tarde de ayer elevar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe sobre la distribución del trabajo en el juzgado sevillano en el que «se analizan y valoran» los escritos presentados tanto por la propia Alaya, como por la actual titular del número 6, María Núñez Bolaños, en el que realizaban alegaciones al plan de actuación propuesto por la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz, según informaron desde el TSJA. Ambas intentaron modificar la propuesta, con el colmillo que permite el protocolo judicial en estas situaciones.

Alaya quería para sí continuar con la instrucción de tres de los «macroprocesos»: ERE, cursos de formación y los avales concedidos por el Gobierno autonómico a empresas a través de la Agencia IDEA. Núñez, por su parte, defendió que las riendas de las «macrocausas» debe llevarlas ella como titular del juzgado, de hecho, ha emitido sus primeras resoluciones en la causa de los cursos o en la de los ERE sin esperar al reparto de tareas. La jueza concedería a su predecesora sólo el caso menor de Mercasevilla. En relación a los ERE en concreto, abogó por que permanezca sin instructor hasta que se resuelva la petición de dividir en piezas separadas que ha formulado de forma reiterada durante meses la Fiscalía Anticorrupción y que está sobre su mesa y en los despachos de la Audiencia Provincial de Sevilla. Sin embargo, el TSJA estimó que mientras que no se dirima la cuestión del despiece, ese sumario debía permanecer bajo la supervisión de Alaya para poder avanzar en una compleja investigación que acumula ya 265 imputados.

Pese a que aquella decisión del Alto Tribunal regional no satisfizo a ninguna de las juezas, éste la ha confirmado. En el informe al que dio luz verde ayer su Sala de Gobierno se mantiene que la distribución del trabajo debe ser la que ya aprobó «por unanimidad» en su reunión del día 23 de junio, según la cual Alaya proseguirá con los ERE y Mercasevilla, y Núñez Bolaños con los cursos de formación y los avales de IDEA.

¿Qué pasará ahora? La mencionada Sala de Gobierno remitirá el documento, que «se redactará en los próximos días», al Poder Judicial, según se asevera en la nota hecha pública al término de la nueva reunión por el TSJA. El máximo órgano de gobierno de los jueces será el encargado de ratificar el plan de actuación y distribución de cometidos en la medida de refuerzo ideada por el Alto Tribunal andaluz.

«Es tiempo perdido»

Para fuentes judiciales implicadas en las causas en juego, «el tiempo que está tardando el sistema judicial en atribuir a una magistrada o a otra la instrucción del ‘caso ERE’, por ejemplo, con propuestas del TSJA y alegaciones de las interesadas, y con dudas del CGPJ devolviendo a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz el dictamen inicial; es tiempo perdido que contribuye a engordar la mochila de las ‘dilaciones indebidas’ que han sido la tónica habitual desde el inicio de la instrucción y que contribuirían a una minoración de las penas que hipotéticamente pudieran imponerse en su día».

Aparte, claro está –añaden–, «que la actuación en este último mes por parte de la jueza Núñez Bolaños está siendo la de seguir para todo el criterio de la Fiscalía, de forma un tanto acrítica, pero sin aportar ideas novedosas a la investigación». En ese punto deslizan que podría parecer «no apropiado ni suficientemente garantista» el que la Guardia Civil «esté tomando declaración a más de 300 imputados prejubilados por los ERE de Faja Pirítica sin que esto se estén pilotando judicialmente».

Ahora el CGPJ tiene la palabra.