Embargan un piso a Barberá para hacer frente a su fianza de 460 millones

sevilla- El juzgado de Instrucción 6 que investiga el fraude de los ERE ha decretado el embargo de una finca que el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá posee en Cádiz. Una propiedad con la que no podrá ni aproximarse a la fianza por responsabilidad civil que le fijo la juez Mercedes Alaya el pasado 31 de julio y que asciende a 490.324.096,82 euros.

El ex «número dos» de Antonio Fernández está imputado en la causa por los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir el delito. Compareció ante la instructora el 27 de julio, aunque se acogió a su derecho a no declarar. Tampoco contestó a las preguntas de los diputados en la comisión de investigación parlamentaria.

En su última declaración presentada en el registro público de altos cargos de la Junta de Andalucía –fue cesado el 30 de marzo de 2010–, constaba que poseía un piso en Cádiz en bienes gananciales con un valor catastral que no llegaba a los 30.000 euros y un apartamento también al 50 por ciento y en la misma provincia.

En el decreto, fechado el 4 de marzo y notificado ayer a las partes, el juzgado recuerda que el 26 de septiembre concedió al imputado diez días para que designara bienes de su propiedad «en que trabar embargo». El ex alto cargo dio cuenta de una finca sobre la que ahora se decreta el embargo y se pide que se notifique dicha decisión al cónyuge «a los efectos previstos en el artículo 144 del reglamento hipotecario».

En el auto de Alaya en el que fijó la fianza de Barberá, la instructora argumentó que «con indiciario conocimiento de la total ausencia de procedimiento», concedió ayudas por 367.743.072,62 euros.

El juzgado de Instrucción 6 también ha embargado dos fincas ubicadas en El Pedroso (Sevilla) propiedad de Andrés Carrasco Muñoz, churrero de la localidad y que fue prejubilado como «intruso» en un ERE promovido en 2003 por Aceitunas y Conservas S.A.L. (Acyco), donde nunca trabajó. La fianza que le impuso la instructora asciende a 147.524,93 euros.

En su declaración admitió que conocía al ex director general Francisco Javier Guerrero y que recibió unos 1.100 euros desde agosto de 2003 a mayo de 2013. Alegó que pensaba que era legal porque se acababa de separar y estaba en una situación económica precaria ya que el negocio sólo le proporcionaba «unos 600 0 700 euros mensuales».